Venezuela atraviesa una coyuntura de mucha gravedad. El conjunto de problemas que sufre el país es abrumador: crisis económica en todos sus aspectos (déficit fiscal, recesión, inflación, escasez de bienes básicos y medicinas); conflictividad política sin visos de acuerdo entre las partes (Gobierno y oposición) para liberar las presiones e implementar las medidas económicas correctivas; criminalidad; pérdida de capital humano por la emigración creciente; aislamiento internacional.
Ningún país de América Latina necesita tanto diálogo y pensamiento constructivo para enfrentar esos problemas. Más democracia y eficiencia administrativa son los lineamientos fundamentales en la coyuntura. El reto consiste, entonces, en reforzar el Estado de derecho y diseñar e implementar un programa económico viable para iniciar la recuperación económica.
La Fundación Konrad Adenauer (KAS), con más de 50 años de presencia en Venezuela, ha trabajado con aliados nacionales en una gran variedad de programas académicos con el objetivo explícito de fomentar la democracia y coadyuvar en la formación del recurso humano necesario para el desarrollo político. Trabajamos en el marco de las realidades locales, sin imposiciones culturales o políticas, aunque nos anima la exitosa experiencia alemana de las últimas décadas, durante las cuales el país superó el trauma de la guerra y reconstruyó su economía bajo el signo de la economía social de mercado (ESM). La Fundación, hoy más que nunca, ratifica su compromiso con Venezuela bajo el mayor de los respetos a las realidades locales.
La situación económica venezolana requiere un cambio profundo. Ni en la simple voluntad política ni en la receta tecnocrática se encuentran las respuestas. En este sentido, la ESM es un marco global de referencias que podría ser útil en la dura coyuntura que atraviesa el país. Parte esta doctrina de la necesidad de contar con mercados libres donde el mecanismo de precios funcione; y, a la vez, con un Estado que regule eficazmente las fallas y los abusos que ciertamente pueden ocurrir en las economías libres. La ESM combina un Estado social que enfrenta la desigualdad de oportunidades y la pobreza, pero al mismo tiempo fomenta y se apoya en la productividad de las empresas e individuos.
Las distorsiones económicas de la economía venezolana en la actualidad son la consecuencia de un sistema de control de la economía y del manejo inadecuado del ingreso petrolero. Pero más que tratarse de una falla producida por una mala administración, estamos ante la quiebra del modelo de desarrollo. No es solamente que las autoridades cometieron errores al gastar la totalidad del ingreso petrolero del boom 2003-2014 sin ahorrar para los malos tiempos, sino que las instituciones que hoy gobiernan la economía ya no tienen vigencia. Ese es el sentido de las reformas que hoy se necesitan: a las medidas que deben tomarse ante la emergencia, se suman las nuevas instituciones que en lo sucesivo deben regir la economía para evitar las crisis recurrentes y poner al país en el camino del crecimiento sostenido.
Lo anterior resume los objetivos de este libro. Ante el colapso del modelo rentista petrolero de inspiración socialista, nuevas instituciones deben diseñarse y nuevas políticas públicas deben implementarse. Se trata de una investigación patrocinada por la KAS, en conjunto con el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro (IEPFT) y en la cual participaron distinguidos profesionales de las disciplinas económicas y políticas.
En los capítulos del libro encontraremos, en primer lugar, una evaluación general del sector que se está estudiando y, en segundo lugar, las recomendaciones del caso. No todas las áreas fueron analizadas. En esta oportunidad se otorgó relevancia a la macroeconomía y a las instituciones (o reglas de juego) que regirían la economía si los actores políticos decidieran hacer los cambios necesarios.
El libro está organizado de la siguiente manera. En la introducción, José Guerra nos da su visión general de las reformas económicas que son necesarias en la coyuntura. Si partimos del hecho de que estas no se reducen a la simple receta tecnocrática, entonces la política adquiere mucha importancia para cualquier programa exitoso. Por ello el primer capítulo estudia los problemas políticos de la reforma, incluyendo temas como el papel del liderazgo y la secuencia de implementación (Diego Bautista Urbaneja).
En los dos capítulos siguientes (tercero y cuarto) se describe a fondo la evolución reciente de la economía venezolana y se expone la manera como se fueron formando los desequilibrios que hoy la afectan (Asdrúbal Oliveros, Carlos Miguel Álvarez y Fernando Spiritto). En el quinto capítulo se analiza el impacto de la renta petrolera, y los autores (Luis Oliveros y José Manuel Rodríguez) hacen recomendaciones para una eficiente administración de la misma.
Los tres capítulos que siguen desarrollan con detalle temas de política económica. La política monetaria, causante en parte de la alta inflación que sufre el país, es estudiada en el capítulo seis por Rafael Ávila. En el capítulo siete, Ronald Balza plantea las medidas que habría que tomar antes de levantar el control de cambio. En el capítulo ocho, las doctoras Sary Levy, Ruth de Krivoy y Tamara Herrera hacen el diagnóstico del sector financiero y recomiendan las reformas necesarias para fomentar la inclusión financiera.
Dos temas clave para cualquier proceso de reforma económica son desarrollados en los capítulos nueve y diez. Así, Maikel Bello, Pedro Rosas y Francisco Rojas revisan la política social necesaria para compensar los costos que inevitablemente ocasionará cualquier programa de reforma económica. Roberto Casanova, por su parte, destaca la importancia que tiene el respeto a la propiedad para el bienestar social. En el epílogo, Ramón Guillermo Aveledo resume la dimensión de los retos que tenemos por delante.
En suma, este libro es un aporte de la Fundación Konrad Adenauer y del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro al complejo y duro proceso de recuperación económica de Venezuela. Esperamos que de sus páginas salga información útil que ayude a los decisores públicos a encontrar caminos expeditos para alcanzar crecimiento económico sostenido e igualitario. Partimos de la premisa según la cual la democracia es la condición básica del bienestar material.
Henning Suhr
Representante de la Fundación
Konrad Adenauer en Venezuela
1. Hacemos una pequeña trampa aquí: donde Rodrik se refiere a la globalización, nosotros nos referimos a las reformas económicas. Creemos que la maniobra es válida en cuanto al punto esencial se refiere.
2. Advirtamos que no ha sido fácil mantener una estricta división entre las secciones, y que en ocasiones no ha sido posible impedir que lo dicho en una sección debiera en puridad pertenecer a alguna de las otras. El flujo de la redacción tiene sus exigencias, que no siempre han de ser sacrificadas a criterios mecánicos. En algún caso —el del tema militar— la indicación del problema y su tratamiento fueron fundidos sin más cuestión.
3. De todas maneras, como veremos, el estado al que ha llegado la Administración Pública puede deparar alguna sorpresa en el aspecto que estamos tocando.
4. Es de imaginar que no sea imposible que los expertos diseñen un programa de reformas que esquive varios de los problemas que hemos asumido en este escrito. Un programa, por ejemplo, que le permitiera al país salir de la crisis sin mayores dificultades, con tenue o posterior presencia de agencias multilaterales, con ajustes muy llevaderos y aplanados, etcétera. Pero en estas páginas hemos preferido plantear un escenario más dificultoso. Si resultara que puede serlo menos, tanto mejor.
5. Código para el bolívar, según la Organización Internacional de Normalización (ISO). El código anterior de esta moneda era VEB, de bolívar venezolano, y se cambió a VEF cuando pasó a hablarse de bolívar fuerte venezolano. Aunque en la actualidad no se explicite el adjetivo fuerte, el código sigue terminando en efe.
6. Se conoció como dólar permuta de títulos valores al tipo de cambio no oficial que resultaba de la permuta (contrato por el que se entrega una cosa a cambio de recibir otra) entre quien tenía un bono denominado en bolívares y deseaba dólares y quien poseía un bono denominado en dólares y quería bolívares. De este cambio surgía una diferencia de precios que da como resultado un tipo de cambio implícito distinto al oficial. Las operaciones de compra-venta de títulos valores emitidos en colocaciones primarias en dólares y transadas a través de permuta son operaciones que estaban dentro de la Ley de Ilícitos Cambiarios como operaciones legales.
7. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró «en desacato» al nuevo Parlamento debido a que el 6 de enero asumieron sus puestos 112 diputados opositores, pese a que tres de ellos enfrentaban una suspensión de sus cargos tras una denuncia interpuesta por el oficialismo. Su salida significaría que la oposición ya no tendría la mayoría calificada (nota de los editores).
8. El 15 de enero, casi un año después de haber dejado de hacerlo, el Banco Central de Venezuela volvió a publicar cifras de inflación. Según esa institución, entre septiembre de 2014 y el mismo mes de 2015 (último dato disponible), los precios a los consumidores venezolanos se elevaron en 141%. Pese a lo elevado de la cifra, varios analistas venezolanos consideran que la medición oficial está subestimada (nota de los editores).
9. En la literatura se mencionan otros factores que ayudan, como la educación, la ubicación geográfica, la infraestructura o la inversión en bienes de capital (ver, a este respecto: Landes, 1998; Acemoglu y Robinson, 2012).
10. «La economía es, en su raíz, el estudio de los incentivos: cómo la gente obtiene lo que quiere o necesita, especialmente cuando otras personas quieren o necesitan las mismas cosas. Todos aprendemos a responder a incentivos, positivos o negativos, desde el inicio de la vida. Un incentivo es simplemente un medio de urgir a las personas a hacer más cosas buenas y menos cosas malas» (Levitt y Dubner, 2005: 20 y 21).
11. Algunos hitos de la turbulencia política durante este período fueron el estallido social de 1989, los fallidos golpes militares de 1992 y de 2002, la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993, el referendo revocatorio presidencial de 2004 (ganado por Hugo Chávez) o las protestas del primer trimestre de 2014.
12. Al ser el Gobierno el receptor de los dólares que genera la exportación petrolera, la devaluación del bolívar aumenta sus ingresos fiscales.
13. Recordemos que la inflación era un fenómeno prácticamente inexistente en el planeta antes de la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas por lo rígido del patrón oro.
14. El artículo 314 de la Constitución establece que «no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto».
15. Uslar Pietri vio al petróleo como un capital que se agotaba y por tanto debía ser transformado en activos productivos en lugar de consumirse. Editorial del diario Ahora, 14-6-1936.
16. Una forma clásica de distribuir la renta petrolera es el aumento de la nómina pública. Así, por ejemplo, en 2000 los empleados públicos representaban el 14% del total de ocupados del país, mientras que en 2013 ascendían al 20,6%. Fernández, Yaneth: «Nómina del sector público ha crecido 108,5% en 13 años». El Universal, 22-12-2013. P. 1-8.
17. Desde 2010 hasta 2014 los créditos adicionales al presupuesto han sido en promedio el 50% del monto original aprobado por el Parlamento. Figueroa, Ahiana: «Presupuesto nacional rumbo al billón de bolívares al final de 2014». El Mundo, 17-9-2014. http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/presupuesto-nacional-rumbo--al-billon-de-bolivares.aspx
18. A partir de 1979 la Reserva Federal de los Estados Unidos implementó una política monetaria restrictiva (altas tasas de interés) para contrarrestar la inflación (sobre 10%) creada por la cuadruplicación de los precios del petróleo durante los años anteriores. Entre 1981 y 1984 las tasas alcanzaron el 20%, lo que redujo la inflación, pero a costa de una severa contracción y alto desempleo.
19. En este libro el signo «$» será entendido como «dólar estadounidense» en todos los casos.
20. En 1982, como respuesta a la débil demanda, la OPEP redujo su producción de 31 millones de barriles diarios (MB/D) a 18 MB/D, para defender los precios. Arabia Saudita actuaría como el gran regulador, bajando o subiendo la producción a conveniencia del cartel. En marzo de 1983, la OPEP bajó los precios por primera vez en la historia, de 34 a 29 dólares.
21. El control de precios de 1987 cubrió una amplia gama de productos, desde alimentos esenciales, como la leche, hasta entradas de cine. El resultado fue desabastecimiento de productos de todo tipo y largas colas para adquirirlos. La rabia expresada durante el estallido social de febrero de 1989 tuvo a los abastos de urbanizaciones y barrios como el primer objetivo. La experiencia con el desabastecimiento se repitió a partir de 2007 y con mayor gravedad en 2013 y 2014. En esta materia no hubo aprendizaje.
22. Lusinchi, quien al igual que Carlos Andrés Pérez pertenecía al partido Acción Democrática, demoró las medidas ante las elecciones generales de diciembre de 1988.
23. Los datos que a continuación se reportan fueron tomados de Naím, 1993, capítulo 5.
24. Pérez fue destituido bajo cargos de malversación de fondos en mayo de 1993 y su período fue completado, hasta enero de 1994, por el prestigioso historiador Ramón J. Velásquez.
25. Los datos de 1993 fueron obtenidos de Purroy (1994: 18).
26. La apertura petrolera comenzó a principios de los noventa con la participación, como socios de PDVSA, de la inversión privada en la rehabilitación de campos inactivos, en la exploración a riesgo y ganancias compartidas y en asociaciones estratégicas para la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco.
27. En 1996 y 1997 las empresas petroleras internacionales pagaron alrededor de 7000 millones de dólares (Krivoy, 2002: 203) por el derecho a explorar a su propio riesgo áreas potencialmente ricas en hidrocarburos.
28. El aumento de producción se aprobó para acomodar la presión de varios países que pedían mayores cuotas de producción y se mostraban renuentes, o simplemente no respetaban, las vigentes. Por ejemplo, en esa época Venezuela producía a toda capacidad, luego de haber aumentado su producción en 40% en el período 1992-1998 (Yergin, 2011: 84, 119).
29. Durante el período 1994-1998 no se hicieron reformas tributarias de importancia. El IVA, aprobado por ley habilitante en la corta administración del presidente Velásquez, fue sustituido en 1994 por un impuesto a las ventas de menor efectividad. De igual manera, los ingresos tributarios petroleros disminuyeron por la caída de los precios. El ingreso fiscal petrolero disminuyó de 11,4% del PIB en 1996 a 6,2% en 1998.
30. Para América Latina lo peor de la crisis también había pasado. Entre 1986 y 1993 el peso de la deuda en el PIB de la región había caído del 67% al 42%, mientras que el servicio de la misma con respecto a las exportaciones totales lo había hecho del 25% al 11%. De igual manera, el flujo de capitales a la región se había elevado de un promedio de 10.000 millones de dólares durante 1983-1990 a 50.000 en 1992-1993 (Cline, 1994: 17).
31. También puede hablarse del socialismo del siglo XXI, bajo la presidencia de Hugo Chávez entre 1999 y 2012 y de Nicolás Maduro a partir de ese último año.
32. Entre las leyes aprobadas, despertaron mucha preocupación con respecto a la propiedad privada las leyes de hidrocarburos, de pesca y de zonas costeras.
33. Dos hechos se tradujeron en resultados positivos para los productores. En primer lugar, la crisis asiática quedaba atrás, trayendo un considerable aumento de la demanda mundial de petróleo de 2,5 millones de barriles por día entre 1998 y 2000. En segundo lugar, la nueva política de la OPEP de recortar producción para sostener los precios, acordada en la reunión de Riad de marzo de 1998, y apoyada por el Gobierno de Chávez (Yergin, 2011: 123).
34. El uso fiscal de las ganancias cambiarias del Banco Central de Venezuela (figura permitida en la ley y de uso frecuente en los años anteriores) es un antecedente temprano de lo que serán las políticas macroeconómicas del chavismo. La extrema centralización del poder en la presidencia (al punto de no darle importancia a la autonomía del BCV) y la centralidad de los objetivos políticos en desmedro de los económicos explican el carácter «heterodoxo» del Gobierno en materia económica que lo llevan, por ejemplo, a implementar medidas de austeridad en 1999 o de expansión en 2000. ¿Por qué buscar nuevas fuentes de ingreso en medio de un período de altos precios del petróleo? Una razón es la necesidad de impulsar la economía al máximo ante los pobres resultados de 1998 y 1999. En 2000 no había grandes proyectos de infraestructura en desarrollo y las privatizaciones se detuvieron de forma permanente. También se requería compensar la fuga de capitales producto de la desconfianza en el programa económico y la pugnacidad política, hechos que deprimían la demanda privada y obstaculizaban la acumulación de reservas internacionales. Por no haber implementado ninguna iniciativa en materia de deuda pública, el país continuó disminuyendo en términos netos su deuda externa (no así la interna, la cual se triplicó entre 1999 y 2001) lo que a su vez restaba recursos para el gasto interno. Todo lo anterior, unido al anclaje cambiario, se tradujo en una disminución de la inflación desde 23% en 1999 a 16% en 2000 y a 12% en 2001.
35. El estallido de la burbuja dot.com influyó en la caída de los precios pero el efecto de los atentados terroristas de septiembre en Estados Unidos fue casi nulo.
36. También influyó la especulación financiera en la forma de derivados y otros instrumentos que sirvieron para diversificar los portafolios de los inversionistas.
37. En 2012, la deuda financiera ascendía a 40 0216 millones de dólares, lo que representa un aumento de 1234% con respecto a 2006; la producción descendió de 3.279.000 de barriles diarios en 1998 a 2.910.000 en 2012; la nómina aumentó de 50.000 trabajadores en 1998 a 111.342 en 2012.
38. Entre 2010 y 2013 el crecimiento fue 311%. Fuente: Banco Central de Venezuela. www.bcv.org.ve
39. En 2008 el Gobierno y el Banco Central acordaron la reconversión del bolívar quitándole tres ceros. En un primer momento se habló del fortalecimiento de la moneda (llamando al bolívar «fuerte») y luego de facilitar las transacciones comerciales y financieras. No están claros los objetivos de la medida.
40. El carácter político del control de cambios ha sido ratificado por uno de los dirigentes del partido gobernante: «El control de cambios en Venezuela no es una medida económica, es una medida política porque si quitamos el control de cambios ustedes (la oposición) sacan los dólares y nos tumban. Mientras gobernemos tendremos que tener control de cambios» (Aristóbulo Istúriz, exgobernador del estado Anzoátegui, vicepresidente ejecutivo de la República). TalCual, 15-7-2014. http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=105054&tipo=AVA. Sobre este tema vale la pena recordar las palabras de F. A. Hayek sobre los controles de cambio en el sentido de ser medios efectivos, aunque no lo parezcan a primera vista, de coartar la libertad de los ciudadanos: «Una vez que el individuo no es libre de viajar, de comprar libros o revistas extranjeras, una vez que todo medio de contacto con el extranjero puede ser restringido de acuerdo con el funcionario que aprueba o cuya opinión es considerada necesaria, el control efectivo de la opinión es mucho mayor que el ejercido por cualquier Gobierno absoluto de los siglos XVII o XVIII». Hayek (1944, 1994: 10, traducción propia).
41. El BCV calcula algo llamado «índice de escasez», que es el porcentaje de veces en que un producto específico no está disponible en los establecimientos que lo vende. El porcentaje global ha aumentado desde 13,3% en 2010 hasta 24,9% en 2014. El estimado en 2016 es 80% (Salmerón, 2016).
42. Jorge Giordani, uno de los funcionarios con más poder en el área económica durante los Gobiernos chavistas, reconoció la dependencia de la política fiscal de los objetivos políticos y electorales, particularmente en las elecciones presidenciales y locales de 2012: «La superación [de los desafíos electorales] se consiguió con un gran sacrificio y con un esfuerzo económico y financiero que llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos que requerirán de una revisión para garantizar la sostenibilidad de la transformación económica y social» en: «Testimonio y responsabilidad ante la historia». 18-6-2014. www.aporrea.org/ideología/a1900011.html.
43. En especial el de la gasolina, que tiene un enorme costo para el fisco y que además constituye un subsidio regresivo, puesto que son los dueños de vehículos los que se benefician del mismo. En febrero de 2016 el Gobierno aumentó el precio de la gasolina, por primera vez en 17 años, de Bs. 0,97 a Bs. 6 por litro, lo que no cubre todavía los costos de producción.
44. Fuente: Cepal-Cepalstat.
45. También influye el fortalecimiento del dólar.
46. Mensaje de fin de año del presidente del BCV 2012.
47. Van der Ploeg y Poelhekke (2009) sostienen que la llamada «maldición de los recursos» es en realidad un problema de volatilidad. Su estudio arroja que cuando en las exportaciones los recursos superan el 19% del total, la desviación estándar del crecimiento aumenta hasta el 7,37%. Si se controla por la volatilidad, y se toma el ingreso per cápita en el largo plazo, en su modelo los recursos tienen un efecto positivo en el crecimiento. La volatilidad afecta el tipo de cambio y de allí a la inversión y la productividad: la enfermedad holandesa afecta al sector transable de la economía. Las políticas procíclicas de los Gobiernos agudizan el problema y por ello es necesario un sistema financiero desarrollado que absorba los shocks internos y externos.
48. Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional. Título I. Artículo 4. Creación de vínculos. El Sistema Financiero Nacional por intermedio de su órgano rector, creará vínculos de carácter obligatorio entre los sectores que integran el sistema y las actividades de la economía real, popular y comunal a fin de impulsar la producción nacional en atención a los planes de desarrollo formulados y ejecutados por el Ejecutivo Nacional.
49. Latino, Amazonas, Bancor, Barinas, Construcción, La Guaira, Maracaibo, Metropolitano, Tequendama, Popular, Venezuela, Consolidado, Andino, Progreso, República, Ítalo-Venezolano, Principal, Profesional.
50. Vale destacar que el Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV) y el Banco Industrial de Venezuela (BIV) son antecedentes de los Bancos Múltiples o Bancos Universales en Venezuela, dado el amplio alcance consagrado en sus estatutos constitutivos.
51. Una de las críticas más firmes y recurrentes a los gobiernos en este siglo atiende a la falta de cifras económicas actualizadas con la frecuencia debida. Corriendo el III-T del 2016 las cifras macroeconómicas más recientes son del III-T 2015, en el mejor de los casos. El otro gran problema es el de la validez o confiabilidad en la data. Por ejemplo, el PIB refiere el valor del conjunto de bienes y servicios producidos en una economía, por lo que la serie de controles de precios a los que ha estado sometida la misma distorsionan este resultado, así como el de los índices de precios. De igual manera, un componente relevante del producto venezolano lo constituyen las exportaciones petroleras y, en vista del control cambiario, las mismas se reducen en términos de moneda local, o justamente lo opuesto al calcular el PIB en términos de divisa. Ello dificulta evaluar adecuadamente la evolución de una variable clave como el PIB nominal y por ende del PIB sectorial.
52. Traducción propia de: «A financial system is in a range of stability whenever it is capable of facilitating (rather than impeding) the performance of an economy, and of dissipating financial imbalances that arise endogenously or as a result of significant adverse and unanticipated events» (Schinasi, 2004: 8).
53. Término acuñado por Kydland y Prescott (1977) referido a situaciones en las cuales el programa óptimo de acciones futuras a seguir en un momento dado cambia cuando ese futuro llega, generando equilibrios en niveles subóptimos, lo que anula una serie de beneficios que argumentan las políticas en el corto plazo.
54. Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N. 659 del 18.01.1961.
55. El Consejo de Estabilidad Financiera es un organismo internacional, creado en 2009 por el G-20, que monitorea el sistema financiero internacional buscando su estabilidad a partir de la coordinación con las autoridades financieras de los distintos países y promoviendo estándares internacionales para la regulación y supervisión del sector. Fue establecido para identificar vulnerabilidades sistémicas desde una perspectiva macroprudencial y desarrollar acciones de política que puedan atender dichos riesgos. Ver: Financial Stability Board, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. 15 October 2014. www.fsb.org
56. Global Policy Forum AFI, en Nadi, Fiji, Sep. 6, 2016.
57. http://www.afi-global.org/news/2016/09/afi-itu-sign-mou-promote-dfs-financial-inclusion
58. En la Encovi para la medición de pobreza se utiliza el método integrado, el cual combina los métodos de la línea de pobreza (usa el ingreso como medida de bienestar) y las necesidades básicas insatisfechas (mide necesidades básicas estructurales), dividiendo a la población en 4 grupos.
1. Pobres crónicos: presentan limitaciones en el acceso a las necesidades básicas (vivienda, educación, salud, infraestructura pública, etc.), y a su vez tienen ingresos o consumos deficientes.
2. Pobres recientes: tienen sus necesidades básicas satisfechas, pero sus ingresos o gastos están por debajo de la línea de pobreza.
3. Pobres inerciales: no presentan problemas en ingresos o gastos, pero tienen al menos una necesidad básica insatisfecha.
4. No pobres o integrados socialmente: no tienen problemas de necesidades básicas ni de ingresos.
59. Estadísticas de Pobreza en la página web del INE, obtenidas de sitio web: http://www.INE.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=45#
60. http://cronica.uno/rescatar-la-atencion-materno-infantil-paso-salir-la-crisis/
61. Para una discusión de los posibles efectos del levantamiento del control de precios, ver España et al. (2016).
62. Tomo el término, en sentido metafórico, de la histología. En histología los tejidos conjuntivos o conectivos concurren en la función primordial de brindar sostén al organismo y favorecer la integración de sus distintos sistemas.
63. Dentro de los derechos intelectuales se incluyen hoy, entre otros, las patentes, las marcas comerciales, las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, la información no revelada o secretos comerciales, los derechos de autor que protegen obras originales (como los libros, las pinturas, las fotografías, los audiovisuales, la arquitectura, las composiciones musicales y los programas informáticos) y los conocimientos tradicionales. Este agrupamiento de derechos no es, debe advertirse, completo ni consensual. Muchos lo critican, por ejemplo, por hacer equivalentes, como propiedad, derechos concedidos por el Estado (como el caso de los llamados «copyrights») y expresiones de la libertad natural de la persona (como una obra artística) que un Estado liberal estaría obligado a respetar.
64. Esta ley sería modificada casi un siglo después, en 1936. En cualquier caso, las tierras baldías siempre fueron consideradas bienes patrimoniales del Estado, lo cual significaba que podían ser enajenadas o adquiridas por prescripción. Esto cambió a partir de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola del año 2001, la cual convirtió a las tierras baldías en bienes de dominio público y, por tanto, inenajenables e imprescriptibles.
65. Entre los numerosos temas vinculados a los derechos de propiedad que no hemos podido abordar aquí está la llamada «Teoría de contratos». Los contratos y los incentivos que ellos definen son fundamentales en la distribución de los derechos de propiedad dentro de las sociedades modernas. La relevancia de este ámbito de estudio queda demostrada por el hecho de que dos de los académicos que más han contribuido a desarrollarlo, Oliver Hart y Bengt Holmström, han sido recientemente galardonados con el Premio Nobel.
66. Algunos llegan a hablar de los derechos de propiedad como instrumento de una nueva forma de colonialismo. No sería extraño, desde esta perspectiva, que la propiedad intelectual llevase aparejada, casi siempre, la competencia de numerosos emprendedores en forma de «piratería». Véase al respecto (Vandana, 2003).
67. estos mismos autores ocurriría que «… el emprendedor latinoamericano tiende a tener severas dificultades para asociar los mecanismos institucionalizados (registro, venta y licenciamiento de patentes) para la capitalización de sus ideas en el mercado. Estos mecanismos se asientan en una percepción errada sobre el uso del sistema de propiedad intelectual, que a su vez se basa en la falsa creencia de que el secreto comercial mantiene el valor de la innovación, cuando en realidad lo limita o hace inviable, pues inhibe su posibilidad de ser transmitido por medio de mecanismos de mercado como los contratos de licencia o venta de patentes» (De León y Fernández, 2016).
68. Tampoco se trata de confiscaciones, otra figura prevista en la Constitución y aplicable a activos provenientes del narcotráfico o de delitos de salvaguarda del patrimonio público.
69. ello habría que agregar que ese otorgamiento constituiría un auténtico censo de cuántas viviendas efectivamente han sido construidas, algo a lo que el gobierno no está dispuesto. Hay razones para pensar que en este tema, como en tantos otros, la propaganda oficial ha exagerado los logros gubernamentales.
70. Un ejemplo extremo es referido por Pipes, quien cuenta cómo Lenin «ordenó que las escrituras notariales de propiedad sobre las tierras, inmuebles, fábricas, etc., se redujeran a pulpa» (Pipes, 1999). En Venezuela, sostiene cierta «leyenda urbana», los registros públicos estarían controlados por personal que obedece a directrices del régimen comunista cubano. No existen pruebas concluyentes al respecto pero no es una presunción descabellada, dada la naturaleza de los regímenes cubano y venezolano.
71. La inclusión o no de Petróleos de Venezuela en ese universo de empresas por ser privatizadas es un tema que, por su importancia y complejidad, merece una investigación especial.
72. La libre convertibilidad de la moneda, aspecto esencial de la libertad para disponer de la propiedad, es tratada en otros capítulos de esta publicación.
73. Basado en Casanova, 2016.
74. Fermín Toro: La Doctrina Conservadora. Presidencia de la República. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Ediciones Conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia. Caracas, 1960.
75. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Énfasis nuestro.
© Fernando Spiritto, 2017
© Editorial Alfa, 2017
© alfadigital.es, 2017
Primera edición digital: agosto de 2017
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ISBN Digital: 978-84-17014-44-5
ISBN Impreso: 978-980-354-416-4
Diseño de colección
Ulises Milla Lacurcia
Corrección ortotipográfica
Magaly Pérez Campos
Conversión a formato digital
Sara Núñez Casanova
Fotografía de portada
Gabriel Osorio / El Nacional
Venezuela observa los signos claros del agotamiento de un modelo sociopolítico: el socialismo del siglo XXI. Este se fundamentó en la ampliación, hasta el límite de lo admisible, del papel del Estado en la economía como regulador y como empresario; en la destrucción de las capacidades productivas del sector privado y en la aplicación de una política económica basada en un intrincado sistema de controles de precios y de cambio, que generó los marcados desequilibrios macroeconómicos que produjeron un cuadro de potencial hiperinflación y deterioro sostenido del nivel de vida de los venezolanos que hoy se observa. La voracidad del Estado y la expansión de su tamaño causaron la paradoja de que, en la fase de recuperación de los precios petroleros luego de la crisis global de 2008, el déficit fiscal del sector público, en lugar de aliviarse, aumentaba. De esta manera, con cotizaciones del petróleo en la cúspide, promediando 103,4 dólares por barril en 2012, el déficit fiscal alcanzó a 13,0% del PIB, superior a los 2,6% del PIB cuando el petróleo se transó a 64,7 dólares por barril en 2007. Fue justamente en ese año cuando el Gobierno aceleró la marcha en la política de estatizaciones de empresas.
Junto a la voracidad fiscal, traducida en aumentos de gasto permanentes, el Gobierno arreció en la implementación de un punitivo esquema de controles de precios y de inconvertibilidad de la moneda. Uno de los efectos más visibles del control de precios fue el haber mermado la producción local al destruir la rentabilidad de los sectores productivos y causar, en consecuencia, escasez. Por su parte, el control de cambio, al mantenerse anclada la tasa de cambio nominal oficial en el contexto de una aceleración de la inflación, provocó una sustancial apreciación del tipo de cambio real, situación esta que impactó negativamente el ya reducido sector exportador no petrolero, al tiempo que potenció las importaciones y creó los incentivos para la corrupción y la fuga de capitales.
En lo relativo a la política petrolera, el Gobierno privilegió la búsqueda de precios elevados, sacrificando los volúmenes de producción. Ello derivó en una declinación acumulada del PIB petrolero de 12,3% entre 1999 y 2015. Acá se utiliza este concepto calculado por el BCV, en virtud de las dificultades de contar con cifras enteramente confiables acerca de la producción de petróleo. La estrategia de expansión de la producción petrolera definida en el Plan Siembra Petrolera de 2005, mediante el cual se intentó elevar la producción de crudo desde 2.700.000 barriles diarios ese año hasta 5.800.000 barriles en 2012, fue un auténtico fracaso, toda vez que al finalizar este último año la producción fue inferior a la de 2005. Formó parte de la política petrolera la sobrediversificación de PDVSA, a la cual le fueron asignados roles más allá de su capacidad gerencial y técnica, lo que terminó provocando un nivel de gasto insostenible, mientras sumió a la empresa en el foso de la corrupción.
En esa caída de la producción han jugado un papel importante las estatizaciones de empresas privadas que prestaban servicios a PDVSA y el caos originado en la gestión de los proyectos de la Faja del Orinoco cuando se nacionalizaron las empresas operadoras. Es PDVSA una empresa altamente endeudada tanto en términos financieros como con sus proveedores y, al mismo tiempo, enfrenta una cantidad importante de demandas en tribunales internacionales, con lo cual sus pasivos en moneda extranjera con certeza aumentarán.
Entre 1999 y 2015, Venezuela recibió por concepto de ingreso petrolero la sideral cifra de 866.303 millones de dólares, buena parte de la cual constituyó renta petrolera en el sentido estricto, al tratarse de un recurso que no es fruto del trabajo sino de la discrepancia entre el costo de producción más una ganancia normal y el precio de venta del petróleo. La percepción de ese flujo de moneda extranjera acentuó la naturaleza rentista de la economía venezolana durante el lapso reseñado, al relegarse otras actividades económicas, especialmente aquellas que producen bienes transables. Esa prominente suma de divisas fue la base sobre la cual se apoyó el proyecto del socialismo del siglo XXI y que permitió financiar tanto el consumo privado como la estatización de la economía. Con la caída de los precios petroleros que se evidencia desde mediados de 2014, las falencias del modelo se hicieron notorias cuando se restringió la capacidad de importar y con ello la de suplir con bienes externos la disminución de la producción nacional. Mermada la renta del petróleo, el modelo colapsó y por ello la crisis de Venezuela es la crisis de la renta petrolera.
El prolongado auge de los precios petroleros fue utilizado para sostener un boom de consumo que se apalancó en la apreciación del tipo de cambio real y en el crédito barato, financiado con impresión de dinero por parte del BCV que, al aplicar una política de tasas de interés sumamente generosa, propició adelantos del gasto ante las expectativas de alzas de precios. Así, entre 1998 y 2015 la tasa de crecimiento interanual del consumo fue 3,7% frente apenas 0,6% del PIB. Tal diferencia entre el consumo y la producción resultó insostenible, como era de esperarse.
No obstante esa laxitud de la política monetaria, reflejada en tasas de interés significativamente por debajo de la inflación, ello no se tradujo en un aumento de la inversión. Contrariamente, debido a la incertidumbre que la política económica propiciaba y las salidas de capital, entre 2010 y 2015 la tasa de inversión pasó de representar 32,0% del PIB a 22,0% del PIB, en tanto que la caída acumulada de la formación de capital en ese mismo lapso se cifró en 30,0%. Esta declinación de la inversión pesa tanto o más que la baja reciente del precio del petróleo en la explicación del pobre desempeño de la economía venezolana.
Vista la mayor dimensión del sector público, así como la imposibilidad de financiar con ingresos corrientes el gasto público y de articular el asociado al componente empresarial del Gobierno, amplificado este con la política de nacionalizaciones, estatizaciones y confiscaciones de empresas que comenzó en 2003 y se profundizó a partir de 2007, el déficit fiscal se acentuó y de esta manera creció el monto de la deuda respecto al tamaño de la economía, al pasar este indicador de un modesto 30,0% del PIB en 1998, hasta 67,0% del PIB en 2015, a lo que se añaden vencimientos y pagos por servicios de la deuda externa en 2016 y 2017 que comprometen el financiamiento de las importaciones, debido a la caída de los precios del petróleo y a la falta de acceso al crédito internacional.
La aplicación, en términos de política económica, de los preceptos del modelo antes enunciados llevó a que la economía se estancara primero y se contrajera después, una vez que no se pudo continuar oxigenando los niveles de consumo mientras que al unísono se conformaba un cuadro de alta inflación debido, principalmente, al financiamiento monetario de los déficits fiscales, tal como relata la experiencia universal. Efectivamente, la persistencia de la impresión de dinero para enjugar el déficit fiscal, aunada a ajustes abruptos de la tasa de cambio oficial en el contexto del control de cambios, propició que la inflación acumulada entre 1999 y 2015 se situara en 10.630,0%, equivalente a una tasa interanual de 31,7%, con el agravante de que, en 2015 y 2016, la variación de precios ha sobrepasado los tres dígitos. Así, mientras que en 2015 la inflación cerró en 160,0%, para 2106 se ha estimado un alza de precios superior al 700,0%.
Por tanto, los niveles de pobreza, transitoriamente disminuidos por el despliegue del consumo, volvieron a subir a partir de 2014, animados por la caída del ingreso y la aceleración de la inflación, dejando atrás los años en los cuales la pobreza de ingresos ciertamente disminuyó. En las postrimerías de 2016, Venezuela tiene una situación de pobreza más aguda que la que tenía en 1998, no obstante haber disfrutado de un ingreso petrolero sin precedentes.
La evaluación de la obra del socialismo del siglo XXI estaría incompleta si no se hiciera mención al cuadro de destrucción institucional que ha ocurrido en Venezuela. El Poder Judicial, ente fundamental encargado de asegurar el equilibrio entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ha sido transformado en un apéndice del Gobierno para deformar la esencia de la democracia. Ello es especialmente visible en la conformación de la Sala Constitucional, elevada a intérprete último de la Constitución para procurar servir de esta forma a la consolidación de la hegemonía política de un sistema con claros rasgos totalitarios. Ha contemplado atónito el país la aberración de integrantes de esa sala sin la capacitación jurídica para detentar el cargo bajo su responsabilidad, al desdoblarse instantáneamente de activistas y parlamentarios del partido de Gobierno a magistrados del más alto tribunal.
Esta situación es igualmente manifiesta en el órgano electoral, transformado en una sucursal del partido de Gobierno debido a una composición excesivamente sesgada de ese cuerpo. El ventajismo se hizo parte del sistema electoral conjuntamente con la obstaculización de comicios cuando se anticipa que el voto popular no favorece a los candidatos de ese partido. Igualmente causó estragos el socialismo del siglo XXI en la institucionalidad económica y financiera de la nación. Así como los magistrados se seleccionan sin que cumplan con los requisitos académicos mínimos, los funcionarios a cargo de la gestión de la política económica manifiestan claras falencias y se cuestiona su integridad para dirigir la economía. Del mismo modo, los principales organismos a cargo de los asuntos económicos, como son los casos del BCV y el Ministerio de Finanzas, fueron literalmente demolidos, lo mismo que el INE. Ello ha derivado en la destrucción del sistema estadístico nacional, por cuanto esos entes optaron por dejar de publicar oportunamente las cifras económicas de Venezuela y hundieron al país en el oscurantismo.
Fracasado en todos los planos el socialismo del siglo XXI, entra el país en una nueva etapa de transición en lo político y lo económico, la cual está sucediendo en un contexto internacional donde pareciera que los elevados precios del petróleo van a ceder ante la realidad de cotizaciones moderadas, en torno a 50 dólares por barril. Ello tiene una importancia vital para Venezuela, adicta a un ingreso petróleo creciente y cuya economía, aun con precios que duplicaron aquella referencia, exhibió un comportamiento macroeconómico mediocre.
Son varios los factores que condicionan los cambios en el mercado petrolero global. En primer lugar, la demanda por petróleo extranjero ha venido disminuyendo en Estados Unidos como resultado de los avances en la producción local mediante el método de la fractura hidráulica y el menor consumo, motivado por la mejora en la eficiencia energética, especialmente en el sector automotor. Por su parte, en Europa el consumo de energía fósil se ha reducido como expresión del estancamiento de la actividad económica y las acciones para estimular el ahorro energético.
En segundo lugar, Arabia Saudita ha afianzado su estrategia de defensa de su cuota de mercado, para lo cual se ha propuesto mantener o aumentar su volumen de producción, afectando así a los productores de altos costos. Adicionalmente, ha privado en la estrategia saudita su conflicto con su rival religioso, Irán, por el dominio del área de influencia en el Medio Oriente. Así, cuando los precios del crudo se mantienen a la baja, las finanzas de la nación persa acusan el desequilibrio y se posponen o detienen muchos planes de expansión interna, así como su influencia regional, justamente el objetivo que persiguen los sauditas, el de detener el avance iraní. Analizados con objetividad los acontecimientos geopolíticos y sus necesidades internas, las autoridades de Arabia Saudita lanzaron el 25 de abril de 2016 el Plan 2030, contentivo de los lineamientos de una nación que se propone mutar hacia una fase postpetrolera. Entre los lineamientos de ese plan destacan la transformación de la compañía estatal de petróleos Aramco en un conglomerado energético e industrial, la disminución de la dependencia del ingreso petrolero, la inversión de 100.000 millones de dólares para apuntalar la economía no petrolera y la venta del 5,0% de la acciones Aramco en el mercado de capitales.