La Revolución Bolivariana, el movimiento que de la mano de Hugo Chávez y millones de petrodólares prometió convertir a Venezuela en una potencia, salvar a la especie humana, sustituir el capitalismo y financiar planes faraónicos como el Gran Gasoducto del Sur que transportaría gas desde Puerto Ordaz hasta Argentina, ha devenido en una sociedad decadente, atrapada en una economía primitiva donde la norma es sobrevivir. Al igual que el hombre de las cavernas, los venezolanos dedican gran parte del día a cubrir necesidades básicas, como obtener alimentos.
En Caracas, la ciudad vitrina del socialismo del siglo XXI, la escasez aumenta, los precios escalan, el mercado negro gana terreno y en las filas de 250 o 300 personas que esperan durante cinco horas bajo el sol a las puertas de los comercios para comprar productos básicos hay resignación; pero de pronto, la olla de presión emite sonidos inquietantes. Miembros de la cola se preguntan hasta cuándo deberán soportar el racionamiento, otros argumentan que repetir lo sucedido en San Félix, una ciudad del interior donde hubo saqueos, no es la salida pero que tal vez haga falta para lograr un cambio y algunos explican que ni en pesadillas soñaron ver soldados armados a las puertas de los supermercados.
El plan socialista engendró una masa de hombres y mujeres mortificados por la evaporación de la capacidad de compra del dinero, el miedo a perder el empleo y la obsesión por protegerse del desabastecimiento al punto de pelear fieramente por el último litro de aceite comestible en los anaqueles. En la clase media, la mayoría de las conversaciones gira en torno a cuánto costó el último mercado y el valor que tendrá el dólar paralelo la próxima semana; en los estratos de menos poder adquisitivo, la reventa de productos escasos es la fórmula para incrementar el ingreso y los trabajadores de empresas emblemáticas como Polar, el mayor productor privado de alimentos, reclaman materia prima para que las plantas continúen operando.
Bajo el influjo de un salto sin precedentes en los precios del petróleo, Hugo Chávez, quien gobernó a Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 hasta el día de su muerte el 5 de marzo de 2013, redujo el rol del sector privado y expandió la mano visible del Estado a prácticamente todas las áreas de la economía mediante un feroz proceso de expropiación y nacionalización de empresas. La producción de estas compañías es una incógnita porque no existen cifras oficiales, pero los venezolanos tienen una muestra palpable de que el proceso marcha mal: los productos no aparecen en los supermercados, abastos, carnicerías.
En el sector de alimentos el Gobierno obtuvo el dominio en la producción de café tras asumir la administración de empresas de referencia en el ramo como Fama de América y Café Madrid; comenzó a gestionar 11 centrales azucareros de los 17 que hay en el país; fundó compañías de helados, sardinas, atún y pasó a controlar un conjunto de fábricas con capacidad instalada para abastecer la mitad del mercado de harina de maíz precocida. Al mismo tiempo, creó un rompecabezas donde distintos organismos públicos otorgan subsidios, almacenan, distribuyen y venden, mientras que las miles de hectáreas expropiadas a los «terratenientes» deberían garantizar el crecimiento de la producción agrícola en rubros como arroz, carne y leche.
Como un presagio de lo que ocurriría con buena parte de la madeja de empresas públicas queda la anécdota de los helados. El 20 de octubre de 2012 Hugo Chávez inauguró la fábrica de helados Coppelia que, de acuerdo a lo anunciado en cadena nacional, produciría 26.000 unidades diarias. Pero dos semanas después el propio Presidente admitió la paralización de la planta por la pésima planificación.
«Yo recuerdo que hicimos el pase y comimos helado, ¡hasta Fidel [Castro] me mandó un mensaje!», expresó malhumorado el «comandante eterno», como hoy se refieren a él los altos jerarcas del chavismo, y apeló a la lógica: «Si se va a inaugurar una fábrica, ¿cómo es que nadie pensó en la materia prima? ¿Tú la vas a inaugurar para un día?».
A diferencia de las empresas privadas, donde las ineficiencias y la falta de previsión conducen a la quiebra, en las compañías públicas venezolanas es posible pastar en el presupuesto nacional y recibir dosis de dinero extra para vegetar y subsistir. La gerencia no toma en cuenta nociones como reducción de costos, competitividad, rentabilidad.
Nicolás Maduro, el hombre que desde el 19 de abril de 2013 ocupa la presidencia tras ser ungido por Hugo Chávez como su sucesor y quien obtuvo una ajustada victoria electoral con apenas 1,5% de diferencia sobre Henrique Capriles, el candidato de la oposición, no ha cambiado en nada la estructura heredada y la ausencia de las marcas que deberían provenir de las compañías públicas es evidente. Datanálisis, una de las principales encuestadoras del país, registra que 69 de cada 100 venezolanos afirman que las empresas expropiadas producen menos y ocho de cada diez entrevistados perciben una disminución de la variedad de productos y marcas al momento de comprar[1].
La oferta tampoco fluye desde el ala privada de la economía. La estrategia para sembrar el socialismo consistió en maniatar todo lo que no fue expropiado mediante una tupida telaraña de regulaciones que le cortó las piernas a la inversión y dejó anémica la capacidad para responderle al mercado. Empresarios explican que el Gobierno fija precios a sus productos que, en muchos casos, no permiten cubrir los costos y obtener una ganancia adecuada. También deben lidiar con el control de cambio, que confiere a unos pocos funcionarios públicos la facultad de decidir quiénes compran cuántos dólares y complica en grado sumo la adquisición de divisas para importar equipos o materia prima. Cosas que en otros países no representan problema alguno como el envío de un camión con mercancía a otra ciudad del territorio nacional, en la Venezuela socialista requiere de autorización previa y tampoco les está permitido a las empresas disminuir el número de trabajadores.
Mientras el mundo ingresa velozmente en la tercera revolución industrial a través de la inteligencia artificial, la expansión de la robótica, internet en todos los espacios y la impresión en tres dimensiones, las compañías inmersas en el socialismo del siglo XXI luchan por no desfallecer en un ambiente de negocios que hoy en día equivale a la Edad de Piedra.
A diferencia de las economías modernas donde las empresas identifican las necesidades del consumidor y compiten a través de sus productos, los venezolanos no tienen capacidad de elección: adquieren lo que reposa sobre el estante, ya no están en condiciones de evaluar la calidad o la marca. Es un mercado dominado por los vendedores, donde el comprador forzosamente tiene que adaptarse a lo que haya.
«Mi hijo se ha acostumbrado a la leche descremada, es la única que encuentro», me explica una mujer que abraza dos litros como quien se topa con un tesoro insospechado.
A través del control de cambio el Estado ha sido víctima de una rapacidad insaciable. La jerga de la corrupción define como «empresas de maletín» a compañías recién creadas que reciben millones de dólares para importaciones que nunca llegan a los puertos venezolanos. También existe la «sobrefacturación», empresas que importan productos que, por ejemplo, cuestan 100 dólares pero con facturas ficticias obtienen 200 dólares. Gracias a prácticas de este tipo la riqueza petrolera se asemeja a una gran piñata sobre la que se abalanzan grupos conectados al poder.
La norma es el silencio, se desconoce el resultado de supuestas investigaciones, pero funcionarios han deslizado cifras escandalosas. Edmée Betancourt, cuando estaba al frente del Banco Central de Venezuela, afirmó refiriéndose a 2012 que «lo que se entregó en divisas fueron cantidades muy considerables, pero también hay otra cantidad considerable de divisas que se llevó a empresas de maletín (...) se pasaron entre 15.000 y 20.000 millones de dólares».
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, señaló que las autoridades realizaron un cruce de datos en octubre de 2013 y detectaron empresas a las que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) les asignó dólares a pesar de que no pagaban impuestos a la nación.
«La gente que se mete en negocios quiere hacerse de mucha plata en muy poco tiempo, eso es propio del sistema capitalista. Cadivi en su momento pudo haber funcionado de manera eficiente pero el capitalismo le da vuelta y vulneraron el sistema. Ya están chequeadas las empresas que reciben dólares en Cadivi y las que pagan impuestos. No declaran [impuestos]», explicó.
Luego resumió de esta manera la corrupción en el sistema: «Piden un recurso para traer alguna cosa en particular [las empresas] y nunca la traen y no hubo ese chequeo, no hubo ese control».
Rafael Ramírez detalló el 11 de octubre de 2013 en una rueda de prensa, cuando aún era vicepresidente del área económica, otra modalidad de hurto: «Agarran los dólares y en vez de traerte el alimento no te lo traen. O le ponen en Panamá un sobreprecio, tal empresa en Panamá le compra a otra empresa en Nueva York, o en China u otro destino pero la factura la hacen en Panamá con un sobreprecio de 30% o 40%. Entonces nos están robando».
El 20 de marzo de 2015 Jorge Giordani, el principal arquitecto de la política económica que Hugo Chávez aplicó durante sus catorce años de gobierno y quien estuvo al frente del Ministerio de Planificación hasta junio de 2014, admitió con amargura: «¡Tanta gente que anda robando por allí, en el Gobierno! ¡Y sigue robando, carajo! ¿Y entonces? ¿Hasta cuándo?».
Pero este entorno que en otro país hubiese desencadenado una crisis de grandes proporciones, hasta no hace mucho estuvo en segundo plano, solo en boca de economistas y empresarios. En 2012, año en que Hugo Chávez disfrutó su última victoria electoral, la fiesta parecía no tener fin. Las importaciones se dispararon al nivel más elevado desde 1997 y productos de todo tipo colmaron los anaqueles, mientras que abundantes cucharadas de gasto público incrementaron los salarios, la nómina de los ministerios y la contratación de obras, imprimiéndole vigor al consumo. Ningún pronóstico auguraba infortunios, salvo la extrema fragilidad de un modelo sostenido por un ladrillo muy poco confiable: el precio de la cesta petrolera venezolana, que se había cotizado en la cumbre de 103 dólares el barril. Cuando el oro negro detuvo el ascenso y se estabilizó en torno a 95 dólares emergieron las primeras señales de alarma. Luego, cuando a finales de 2014 el crudo inició el declive y cayó por debajo de 50 dólares en 2015, no hubo escapatoria y el país ingresó en un túnel de precariedad.
El petróleo provee 96 de cada 100 dólares que ingresan a Venezuela y la falta de suficientes ahorros para enfrentar el descenso del precio del barril desnudó a una economía en extremo dependiente de las importaciones. El declive de las compras en el exterior mostró en toda su dimensión la poca producción de las empresas estatizadas, el desmantelamiento de áreas donde el dólar artificialmente barato hizo más rentable importar que producir, el impacto de las regulaciones de precios que desestimularon la inversión y un control de cambio que despilfarró miles de millones de dólares.
A diferencia del resto de los países exportadores de petróleo, Venezuela no ahorró parte de los recursos para compensar la economía en caso de que el oro negro perdiera brillo. El Fondo de Estabilización Macroeconómica solo cuenta con tres millones de dólares. El grueso del dinero fluyó a una cantidad de bolsillos administrados con opacidad. El más emblemático es el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), por donde pasaron 170.000 millones de dólares para soportar proyectos sobre los que no hay mayor rendición de cuentas[2].
La reacción de Nicolás Maduro ante el descenso de los precios del petróleo y la ausencia de ahorros fue recortar dramáticamente la asignación de dólares al sector privado, dejando a buena parte de la industria nacional sin suficiente materia prima para producir, sin la posibilidad de realizar mantenimiento a las plantas y con severos problemas para distribuir porque la flota de camiones carece de cauchos, baterías o repuestos para reparar los motores.
Polar indica en un informe de finales de julio de 2015 que por falta de materia prima redujo la producción de mayonesa, atún enlatado y aceite de maíz. En su otra línea de negocios, interrumpió la elaboración de lavaplatos por falta de empaques.
Los barcos ya no abarrotan los puertos y los departamentos legales de las multinacionales tienen a las empresas venezolanas en la lista de morosos. Compañías obtuvieron de manos del Gobierno lo que se conoce como Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y, con este aval, compraron materia prima e insumos a proveedores en el exterior que confiaron en clientes de larga data. Una vez la mercancía ingresó al país las autoridades tenían que venderle los dólares a la empresa venezolana para que esta cancelara, pero en un número relevante de casos no lo hizo. El resultado es una voluminosa deuda de 9.000 millones de dólares que ha derivado en el cese de los despachos a Venezuela, salvo que haya pago por adelantado.
La escasez no es solo de alimentos, los venezolanos tiemblan ante la posibilidad de tener que reparar la nevera, necesitar medicamentos para el cáncer, una cirugía cardiovascular o que el carro no encienda.
Gustavo Blanco es uno de los 200 hombres que desde las tres de la madrugada hacen una larga cola con sus automóviles, que abarca más de diez cuadras, para adquirir una batería en las empresas Duncan, prácticamente la única que aún abastece al mercado y que tiene sus instalaciones en una zona industrial que luce abandonada y sin alumbrado público.
Es una de las mejores muestras de ese grupo de venezolanos que parece dotado de una paciencia infinita. «Hay que llegar a esa hora para tomar un número. Solo reparten 200 por día. ¿Qué vas a hacer? Lo que más le preocupa a uno es la inseguridad, a esa hora está todo oscuro y sabemos la cantidad de atracos que hay en Caracas», me dice sonriendo a las dos de la tarde cuando tras once horas de espera ha llegado su turno. «Hay que entregar la batería vieja y venir con el carro, explican que lo hacen para saber que no estás comprando para revender. Menos mal que un amigo me auxilió y el carro prendió. Antes compraba baterías en estaciones de servicio, caucheras, y de distintas marcas. Pero eso se acabó».
Otros deben superar una prueba aún más ruda. En medio de la escasez, los robos de baterías se han multiplicado. Si la batería fue robada el conductor debe ir a la policía e introducir una denuncia que con toda seguridad nunca será investigada, pero que la exige Duncan.
Carmen Gutiérrez, una mujer de unos cincuenta años, me dice que va a pasar la noche a las puertas de Duncan para asegurarse de que recibirá uno de los números a ser entregados a las siete de la mañana del día siguiente.
«¿Y qué voy a hacer? Esto es pura patria socialista», dice con una expresión de fastidio, la mirada perdida, como esperando que algo en el aire cambie la situación. De pronto le advierte a la hija que la acompaña, una muchacha de unos veinte años: «No dobles ese cartón, mira que esa es la cama de esta noche».
El mercado informal es la única alternativa expedita. «¿Quiere una batería para un Mitsubishi? Se la vendo en 20.000 bolívares», me comunica por teléfono un hombre que se hace llamar Miguel y cuyo nombre me lo han dado en un taller mecánico. Miguel ha encontrado una manera fácil de hacer dinero: en Duncan la batería cuesta 6.700 bolívares, es decir, su ganancia es de 198%.
Pero el atraso en la entrega de divisas puede significar la muerte. Ante la sequía de dólares las compañías encargadas de traer al país equipos médicos recortaron las importaciones y las cirugías cardiovasculares escasean tanto o más que las baterías para automóviles. El 24 de septiembre de 2015 el cirujano Gastón Silva, del Hospital Universitario de Caracas, uno de los centros de salud públicos a donde acude la población de escasos recursos, explicó que «en este momento todavía no se están realizando en la forma que quisiéramos [las cirugías] aunque se opera una de cuando en vez, no con los materiales necesarísimos sino en forma un poco desordenada[3]».
Aún en caso de contar con el dinero para acudir a una clínica privada los enfermos no tienen la garantía de que serán operados a tiempo. Gastón Silva detalló la situación calamitosa de dos relevantes centros de salud privados: «En la Metropolitana solamente nos quedan tres equipos para realizar cirugías cardíacas, ya no existen válvulas en todos sus tipos para los reemplazos valvulares, ya he descartado aproximadamente doce pacientes para cirugía. Se han descartado 40 pacientes en el Médico Docente la Trinidad por falta de insumos».
Alexis Bello, cirujano cardiovascular del Hospital de Clínicas Caracas, centro de salud privado que es referencia por la modernidad de sus equipos y la excelencia de sus médicos, también pintó un escenario angustiante: «Es algo sumamente triste para quienes nos hemos dedicado a esto toda una vida, más de 40 años, a tratar de rehabilitar pacientes para la vida, llegar a un punto en el que tengamos que suspender, como efectivamente lo hicimos, las intervenciones de cirugía cardíaca. Tengo en lista de espera en este momento alrededor de 20 pacientes, muchos de ellos sumamente graves. Recuerdo a dos pacientes muy concretos, uno de 18 años y otro de 23 años del interior de la república que están a punto de fallecer. (...) Uno de ellos me llamó ayer y tuve que decirle “tome las cosas con calma porque lamentablemente en estos momentos no podemos hacer nada”»[4].
Los precios han ingresado en un ciclo frenético. Violando las leyes el directorio del Banco Central dejó de publicar la inflación en 2014 después de que ese año se ubicara en 68,5%, el cuarto registro más elevado desde 1950, pero los venezolanos no necesitan un número oficial para constatar que el desequilibrio continuó agravándose en 2015.
El precio de los electrodomésticos, calzado, ropa, restaurantes, alimentos simplemente ha perdido el ancla. De hecho, LatinFocus Consensus Forecast, firma que elabora un informe que agrupa las proyecciones de entidades financieras como Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Citigroup, Novo Banco, Goldman Sachs, Credit Suisse, Barclays Capital, Ecoanalítica y Oxford Economics, señala al cierre de agosto que «las expectativas económicas de Venezuela son desalentadoras».
El promedio de lo que proyectan las entidades financieras que incluye LatinFocus en su reporte apuntan a que en 2015 la inflación estará en torno a 150% y para algunos analistas esta cifra es conservadora.
La principal causa de la aceleración de la inflación es que el gasto del Gobierno supera el ingreso que obtiene por la venta de petróleo, impuestos y endeudamiento, es decir, no tiene cómo pagar sus cuentas, pero ha encontrado una manera silenciosa y rudimentaria de tapar el hueco: pedirle al Banco Central que fabrique billetes y se los entregue[5].
El financiamiento del Banco Central se concreta a través de Pdvsa, la empresa petrolera que está bajo control del Estado. La ingeniería financiera es la siguiente: la compañía emite unos bonos y se los vende al Banco Central que fabrica los nuevos billetes para comprarlos. Una vez Pdvsa tiene los recursos en caja los utiliza para cubrir gastos como salarios, facturas pendientes con contratistas o construcción de viviendas[6].
Cuando estos bolívares entran en circulación estimulan la demanda en momentos en que la oferta no puede reaccionar por la debilidad de las empresas públicas y privadas. La consecuencia es más dinero detrás de los mismos productos y servicios: la ecuación perfecta para que los precios aumenten.
Esto no es todo, el dinero que fabrica el Banco Central para financiar al Gobierno se multiplica al ingresar al sistema financiero y por esta vía también genera presión inflacionaria. Por ejemplo: el Banco Central crea 100 bolívares que Pdvsa utiliza para pagarle a una de las compañías que le presta servicios. La compañía recibe los 100 bolívares y los deposita en una organización financiera que está obligada a conservar 31 bolívares a manera de reserva, pero puede prestar 69 bolívares a alguno de sus clientes, como una microempresa. Así, ya no solo existen los cien bolívares que la contratista de Pdvsa tiene en esta entidad bancaria, se añaden los 69 que recibió la microempresa a través del crédito.
Técnicamente, esto es lo que los economistas llaman el multiplicador monetario. Los bancos no prestan en función del dinero que tienen sino del que van a tener. Y la liquidez por el financiamiento del Banco Central a Pdvsa crece a paso firme[7].
En la inflación también influye un engorroso y disfuncional sistema cambiario. El Gobierno asigna las divisas mediante una maraña que consiste en que el dólar tiene tres precios: 6,30 bolívares para la gran mayoría de los sectores que tienen la suerte de recibir asignaciones de billetes verdes; un punto de partida de 12 bolívares para las empresas que no ingresan en este primer tramo y participan en las subastas del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) y alrededor de 200 bolívares para una fracción muy pequeña atendida a través del Sistema Marginal de Divisas (Simadi).
Nicolás Maduro resumió el complicado rompecabezas el 10 de febrero de 2015: «La circulación de divisas para el funcionamiento económico y social del país es un mercado. Cuando tú lo englobas es el 100%, ¿verdad?, el 70% lo cubre el 6,30, el otro 20-25% lo cubre el Sicad y entonces este 3,5%, que es lo que va quedando, lo va a cubrir este sistema que es un ensayo [el Simadi]».
Muy pocos países implementan un sistema de cambios múltiples, de hecho, ni aliados de Venezuela como Bolivia, Nicaragua o Ecuador lo hacen. La gran mayoría mantiene un solo precio para el dólar, fijo o flexible. En el modelo en que el tipo de cambio está fijo, si el Gobierno imprime una gran cantidad de dinero para financiarse porque no puede cubrir sus gastos, los billetes inundan la economía y los ciudadanos aumentan la compra de dólares. Entonces, el tanque de divisas disponibles para ser vendidas, es decir, las reservas internacionales, desciende velozmente.
Si el tipo de cambio es flexible y el Gobierno imprime montañas de billetes para financiarse, el Banco Central puede mantener el nivel de las reservas internacionales pero tiene que dejar que el precio del dólar aumente hasta que la demanda de divisas pierda intensidad, porque se tornan muy caras.
Así, en los sistemas de cambio fijo o flexible, existe un ajuste automático que impide que el Gobierno emita dinero sin ningún tipo de límite para financiarse, porque o caen las reservas internacionales o el precio del dólar se dispara.
Para evadir este inconveniente Nicolás Maduro y sus ministros implementan un sistema donde el precio del dólar está fijo, en cada uno de sus tres tipos de cambio, y además solo pueden comprar divisas quienes reciben el visto bueno de las autoridades. A simple vista, todo parece despejado para que el Banco Central fabrique billetes en grandes cantidades para financiar al Gobierno sin que surjan inconvenientes en el flanco cambiario, pero cuando hay desequilibrios la economía es como un río salvaje.
La enorme diferencia entre los dólares que el Banco Central vende y los que en verdad desean comprar los ciudadanos ha dado origen a un mercado paralelo, al margen de los que maneja el Gobierno, donde la demanda es gigantesca y la oferta muy escasa. En este mercado la moneda estadounidense luce como un cohete indetenible que mes a mes se aleja de los parámetros oficiales. Al cierre de agosto de 2015 el dólar se cotizaba a un nivel que superaba en 11.000% al tipo de cambio de 6,30 bolívares[8].
¿Cómo y quién mide el dólar paralelo? A falta de un mercado libre y ordenado, páginas web se han convertido en la referencia que día a día siguen los venezolanos. Básicamente reflejan el tipo de cambio que tendría que pagar alguien si va a la ciudad fronteriza de Cúcuta con bolívares, los cambia a pesos colombianos y luego adquiere dólares en Colombia[9].
Se trata de una medición imperfecta, sobre un mercado con muy pocas transacciones, pero que es el único que existe porque el Gobierno se niega a abrir una ventana donde el dólar fluctúe libremente, y las consecuencias no han sido pocas. Un estudio elaborado por la firma Ecoanalítica determina que un tercio de las categorías en las que el Banco Central de Venezuela divide los bienes y servicios que utiliza para calcular la inflación tienen precios altamente correlacionados con el dólar paralelo, concretamente, bebidas alcohólicas, restaurantes y hoteles, esparcimiento y cultura, vestido y calzado, alquiler de viviendas y equipamiento del hogar.
Se trata de sectores que reciben pocas divisas por los canales oficiales y, como en la mayoría de los casos no están sujetos a controles de precios, fijan sus costos de acuerdo al comportamiento del dólar paralelo.
La combinación de un gobierno financiado por el Banco Central y que vende la gran mayoría de los dólares a una cantidad fija, de 6,30 bolívares, crea un círculo vicioso: el financiamiento del Banco Central impulsa los precios y por ende se incrementan los gastos del Gobierno porque los trabajadores públicos exigen aumentos de salarios o se encarecen las baldosas que el Estado utiliza para construir viviendas. Al mismo tiempo, más de dos tercios de los dólares que aporta el petróleo continúan vendiéndose al tipo de cambio de 6,30 bolívares, una cantidad que cada día compra menos. Entonces, la brecha que tiene el Gobierno entre ingresos y gastos aumenta y la salida es solicitarle al Banco Central que emita una mayor suma de dinero, con lo que la inflación gana velocidad.
Humberto Gómez atiende uno de los tantos locales que venden películas piratas para DVD y Blu-ray en Caracas. Con un dejo de nostalgia me explica que «hace dos meses quería comprarme un par de zapatos porque los que tengo para trabajar se están rompiendo. Miré los precios en las zapaterías y no me decidí. Ahora cuestan el doble».
Ya no se sabe lo que es caro o barato, los precios varían notablemente de semana en semana y el billete de 100 bolívares, el de mayor denominación, ya no alcanza para comprar una Coca-Cola o una barra de chocolate. Los vendedores informales, que ofrecen frutas en determinados puntos de Caracas, buscan afanosamente puntos de venta inalámbricos porque de lo contrario los compradores necesitarían un fajo demasiado grande de billetes para pagar una patilla, un melón y doce naranjas.
En los centros comerciales un jean cuesta dos salarios mínimos y aquellos que tienen excedentes, los cambian a dólares en el mercado paralelo para proteger sus ahorros en una moneda estable. Otros buscan adelantar las compras bajo la certeza de que en poco tiempo todo costará mucho más. Los bolívares pasan velozmente de mano en mano, nadie los quiere conservar por mucho tiempo. Mañana valdrán menos.
A la salida de la estación del Metro en Petare, una de las zonas donde se concentran las clases populares en Caracas, surge una larga hilera de toldos y manteles que tapizan aceras malolientes por la basura acumulada. Es el modo de vida de quienes militan en el gigantesco ejército de la economía informal y se desempeñan como vendedores ambulantes. El empleo en Venezuela es un bien escaso pero nadie puede darse el lujo de permanecer inactivo, no existe ningún tipo de protección para los desocupados: un tercio de quienes trabajan lo hacen en empleos calificados de precarios, es decir, con remuneración igual o inferior al salario mínimo, en labores que están por debajo de su nivel de calificación, en jornadas de 15 o menos horas a la semana o en horarios extenuantes a cambio de muy poco dinero. Así es como la economía poco productiva y sin inversión privada aparece a plena luz del día en cientos de calles y avenidas[10].
Pero ahora la ocupación de vendedor ambulante en Petare puede ser más lucrativa que muchos empleos en empresas de primer orden. A través de conexiones o asegurándose los primeros puestos en las colas de los supermercados públicos o privados, quienes abarrotan las aceras con sus tarantines obtienen café, harina de maíz precocida, arroz, leche en polvo, pañales, jabones, a precios controlados que luego ofertan con un voluminoso recargo. Han sido bautizados como «bachaqueros», tal vez porque el bachaco es una hormiga grande y voraz que en masa puede devorar a un sistema de precios desequilibrado.
El propio presidente Nicolás Maduro les ha declarado la guerra señalando que «tenemos que acabar la economía de parásitos y bachaqueros», mas no es tan simple. La policía los persigue pero han creado un efectivo sistema para movilizarse rápidamente y asegurar la mercancía. Cada revendedor solo tiene cuatro o cinco bolsas plásticas con productos, una cantidad sencilla de recoger en caso de que los encargados de vigilar la zona alerten de la presencia policial. Si las vende, al poco tiempo un motorizado se encarga de la reposición y trae otras cuatro bolsas plásticas.
El medio kilo de café que tiene un precio controlado de 23 bolívares, se encuentra sin problemas en las aceras pero a 400 bolívares, es decir, con un recargo de 1.639%. El kilo de arroz, que en teoría debe costar 25 bolívares, en 200 bolívares, y el kilo de harina de maíz precocida, regulada en 19 bolívares, en 250 bolívares.
La ganancia que se obtiene a través de la reventa luce como un incentivo muy poderoso. Yoselyn me explica que «yo vendo el café en 400 bolívares el medio kilo. Pero a mí me lo venden en 250 bolívares otros que hacen las colas en los supermercados o lo consiguen por ahí. Además tengo que tener un dinero apartado porque en caso de que la policía me agarre tengo que darles algo para que me suelten. Aun así hago mucho más al mes que planchando ropa o limpiando apartamentos».
Yoselyn tiene 25 años, no culminó el bachillerato porque salió embarazada del primero de sus dos hijos y en el corto plazo no tiene pensado terminarlo. «Si lo termino no voy a conseguir mayor cosa. Gracias a Dios que en medio del aumento de los útiles escolares que tengo que comprarles a mis hijos, la ropa, los zapatos, estoy ganando más plata», dice con tranquilidad.
Desde el año 2003 y hasta 2045 la población venezolana tendrá una estructura que en teoría resulta ventajosa: quienes tienen edad de trabajar y producir, superarán a los jóvenes menores de 15 años y a los mayores de 65 años. Esta condición, que se denomina bono demográfico, permite reducir los recursos destinados a la crianza de los hijos o a los ancianos y contar con una mayor mano de obra.
Yoselyn es parte del ejército de hombres y mujeres que necesitan ser atraídos por un programa de formación y una economía que los sume a la productividad para que Venezuela pueda aprovechar el bono demográfico. Los últimos datos disponibles indican que 40 de cada 100 jóvenes no culminan la educación media[11].
Técnicamente la actividad a la que se dedica Yoselyn es el arbitraje, la posibilidad de obtener ventaja por la diferencia de precios que existen en dos mercados. Su negocio acabaría en minutos si no hubiese escasez. Si quienes le compran pudiesen acudir a un supermercado nadie necesitaría ir a Petare a adquirir el medio kilo de café. A su vez, la gran mayoría de los economistas explica que para aumentar la oferta, tendría que incrementarse la producción de las empresas venezolanas, disminuyendo las trabas y sincerando los precios controlados.
Pero la administración de Nicolás Maduro confía en que a través del reforzamiento de los controles podrá corregir el desajuste. Los venezolanos solo pueden adquirir productos regulados una vez a la semana, dependiendo del último número de la cédula de identidad. Además deben colocar sus dos pulgares en captahuellas que registran que ya compró y bloquean la posibilidad de que acuda a otro establecimiento por el mismo producto.
El gobernador del Zulia, el estado más poblado del país, explicó que en esta localidad «diez mil cédulas fueron bloquedas del sistema biométrico, ya que tienen hasta 300 compras por mes»[12].
Consciente de que en Venezuela es común la «clonación» de cédulas de identidad y que muy posiblemente una cantidad importante de zulianos que no revenden alimentos ya no podrán comprar en los supermercados porque la red de bachaqueros estaba utilizando una copia falsa de su documento, Arias Cárdenas indicó que los afectados debían acudir a la Gobernación del Zulia donde evaluarían cada caso.
«Lo de hacer mercado de acuerdo al último número de la cédula es una locura. Ayer había arroz pero como no me tocaba no pude comprarlo. Siempre es así, cuando me toca no hay lo que necesito», me dice una mujer de más de 60 años en uno de los supermercados de la cadena Excelsior Gama.
Pero el arbitraje no se limita al mercado local. El negocio de comprar productos a los bajos precios que fija el Estado y revenderlos en Colombia resulta en un lucrativo negocio que impulsa el contrabando. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, mostró cifras reveladoras el 27 de agosto de 2015: «Un litro de leche vale del lado venezolano 200 bolívares, del lado colombiano 14.000 bolívares. 200 bolívares porque nosotros la subsidiamos. ¿Quién se pela esa manguangua?».
Las estadísticas sobre el consumo en Táchira, uno de los estados que limita con Colombia, hablan por sí solas. «El estado Táchira tiene 4,5% de la población venezolana, 1,3 millones de habitantes según el censo, y consume 8% del total de alimentos de Venezuela. Carabobo, que tiene 8,3% de la población, consume la misma cantidad», explicó Diosdado Cabello.
El contrabando no es solo de alimentos. El Gobierno ha mantenido inalterable el precio de la gasolina durante los últimos 15 años, por lo que el combustible es el producto más barato en Venezuela. Revendido en Colombia produce más dinero que el narcotráfico.
«Una pimpina de gasolina vale del lado venezolano un bolívar, del lado colombiano 15.000 bolívares», admitió Diosdado Cabello.
Ante la magnitud del contrabando y tras un ataque a tres militares venezolanos, supuestamente perpetrado por grupos paramilitares, el Gobierno cerró la frontera con Colombia y declaró el estado de excepción en cinco municipios del Táchira[13].
Los incentivos económicos para el contrabando continuaron intactos. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, reveló que en la reunión que sostuvo con la canciller venezolana para evaluar el tema planteó lo mismo que han recomendado la mayoría de los economistas venezolanos: «Mientras ustedes sigan subsidiando los productos es muy difícil que podamos hacer algo en la lucha contra el contrabando. Que subsidien a los pobres, pero no a los productos»[14].
Gracias al extenso período de altos precios del petróleo la cantidad de hogares sumergidos en la pobreza disminuyó porque el Gobierno aumentó la nómina en el sector público, abrió las compuertas del gasto, instrumentó subsidios y hubo importaciones baratas que estimularon el consumo junto a los incrementos de salario. Sin embargo, tras dos años durante los cuales el oro negro detuvo el vuelo y la inflación comenzó a erosionar el ingreso, tanto las estadísticas oficiales como el reciente estudio elaborado por tres prestigiosas universidades del país reflejan que los logros se evaporan velozmente[15].
El proyecto Análisis de condiciones de vida de la población venezolana 2014, realizado por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, incluyó un estudio que empleó la misma metodología que aplicó la antigua Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), hoy Instituto Nacional de Estadística (INE), cuando en 1998 elaboró la última encuesta social realizada por el Estado.
El estudio concluye que la proporción de hogares en pobreza, de acuerdo al ingreso que reciben, es mayor que la que existía un año antes de que Hugo Chávez tomara el poder: en 1998 la encuesta social arrojó que 45% de los hogares del país eran pobres y el estudio llevado a cabo por la academia determina que al cierre de 2014 la cifra se ubica en 48,4%.
Para medir la cantidad de hogares en penuria, de acuerdo al ingreso, el Instituto Nacional de Estadística y el estudio llevado a cabo por las universidades contempla que las familias que no obtienen suficiente dinero a través del salario, bonos, becas, pensiones, para comprar cada mes una canasta de alimentos básicos que permita a cada integrante ingerir al menos 2.200 calorías diarias, son catalogadas como pobres extremos. Luego, las familias a las que su ingreso no les permite costear una canasta que añade a los alimentos básicos servicios esenciales como luz eléctrica y transporte son pobres.
El retroceso en materia de pobreza va de la mano del acelerado incremento de los precios y la merma en la capacidad de compra del ingreso.
Las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística corresponden a 2013 y coinciden con el estudio de las universidades, en el sentido de que la cantidad de pobres está en franco crecimiento. Al comparar 2013 con 2012, un total de 1,7 millones de venezolanos ingresaron a las filas de la pobreza que, al cierre de ese año, contaban con 9,1 millones de personas, de las cuales 2,7 millones están en pobreza extrema. En términos porcentuales se trató de un aumento desde 25,4% hasta 32,1% de la población.
La política social no contempla planes focalizados para ayudar directamente a las familias que no pueden cubrir la canasta básica de alimentos. En teoría, los precios controlados y el subsidio que hace el Gobierno al vender alimentos a bajo costo a través de su red de supermercados y abastos conocidos como Pdval, Bicentenario y Mercal deberían evitar el salto de la pobreza, pero los resultados no son los esperados porque esta ayuda no está llegando a quienes más la necesitan.
El estudio de las universidades indica que los planes sociales que el Gobierno engloba bajo el nombre de misiones, al no ser focalizados, tienen baja efectividad: solo 20 de cada 100 personas en pobreza extrema se benefician de las ayudas.
Mientras la pobreza crece se mantiene un gigantesco subsidio al precio de la gasolina que principalmente beneficia a las clases altas y medias que poseen automóviles. Carlos Castillo, un ingeniero que llena el tanque de su Volkswagen Fox por tan solo 6 bolívares (0,9 dólares al tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar), me indica que «prácticamente es un regalo y puede ser injusto, el pasaje en una camioneta de transporte público cuesta el triple, pero en medio de tantas dificultades al menos puedo beneficiarme de algo».
La clase media experimenta un desmejoramiento acelerado. Mientras la inflación se desplaza a gran velocidad el salario de los profesionales avanza muy lentamente en unas empresas que producen menos. Para tratar de mantener el estatus los jefes de familia se aferran al salvavidas de la tarjeta de crédito que ahora es utilizada con regularidad para comprar medicinas, alimentos, pagar la mensualidad del colegio privado de los hijos o los útiles escolares[16].
Gracias a que las regulaciones indican que los bancos no pueden cobrar una tasa de interés superior a 29% mientras que la inflación supera 100%, la morosidad se mantiene baja porque el deudor le paga al banco con un dinero que vale menos que cuando recibió el préstamo. Pero el peligro de una burbuja está presente.
Si se pensara en la economía venezolana en términos deportivos habría que referirse a una pelea de boxeo en la que no existe árbitro y las reglas han sido abolidas de facto. Los precios aumentan a una velocidad vertiginosa, cobros de vacuna, escasez, devaluación, comisiones groseras. El entorno es sumamente hostil en las grandes empresas y también en el terreno de las pequeñas inversiones. Hay víctimas.
Jennifer Rodríguez y Carlos Meleán, una pareja de diseñadores gráficos que decidió apostarle a un negocio propio en Caracas, cuentan cómo la ilusión dio paso al viacrucis. En primer término pensaron en un establecimiento donde las personas pudieran degustar un buen café, conversar y disfrutar un excelente postre, pero luego encontraron un sitio en Los Dos Caminos, una zona de clase media, y decidieron acondicionarlo para ser una franquicia de Pastelhaus, reconocida por sus pasteles, pizzas y tortas.
Rápidamente surgieron los problemas. «El local estaba en obra gris, teníamos que terminar de construirlo. Así descubrimos que existe un sindicato que te cobra vacuna para dejar trabajar a los obreros. Nuestro local estaba en la planta baja de un edificio que en el resto de los pisos tiene apartamentos. Las tuberías de desagüe deben tener un grosor específico que no fue el que utilizó la inmobiliaria, probablemente para ahorrar costos. Entonces, cuando hacían remodelaciones en los apartamentos las aguas negras nos inundaban», dice Jennifer Rodríguez.
«No escatimamos en gastos. Compramos la mejor vajilla, un filtro gigantesco para depurar toda el agua del local, la cafetera de la mejor marca, igual con las neveras, mesas, uniformes para los trabajadores, era nuestro sueño. El día de la inauguración apareció la presidenta de la junta comunal a reclamarme delante de los clientes que cómo abría sin su permiso. Era otra vacuna. También nos ocurrió algo similar con un inspector del Ministerio de Sanidad. Necesitas no sé cuántos permisos, es una carpeta de lo más voluminosa», agrega.
«Las leyes en materia laboral también son un problema. Aunque teníamos cámaras y descubríamos a trabajadores que nos robaban no podíamos despedirlos. El personal falta y tampoco lo puedes despedir. Cuando iba al Ministerio del Trabajo me señalaban como el explotador, para nada tomaban en cuenta que estaba haciendo una inversión, creando empleo con todos los beneficios que contempla la ley. Nunca obramos mal, pero uno aquí está desamparado», dice Jennifer Rodríguez.
Carlos Meleán, su esposo, explica que por inconvenientes con Pastelhaus rompieron la relación comercial y siguieron adelante bajo el nombre de Spezia Café, enfocándose en almuerzos, ensaladas. El cambio permitió detectar que los encargados de los inventarios compraban insumos en cantidades exorbitantes para recibir comisiones de los proveedores.
«Seguimos trabajando pero comenzó un calvario para encontrar harina de trigo, carne, queso cheddar, salsas; eran muchos los ingredientes que no conseguíamos por la escasez y no podíamos ofrecer un producto de calidad como queríamos. A esto se sumó la inflación. El salmón, por ejemplo, que era el ingrediente fundamental de una ensalada que vendíamos mucho, se disparó a un precio en el que era imposible trasladarlo a nuestros clientes; lo mismo con el queso parmesano importado para las pastas», dice Carlos Meleán.
«Paramos por una semana que nos tomamos para despejarnos. Era diciembre de 2013, había pasado un año. Cuando regresamos en enero de 2014 una de las neveras se había dañado. Nadie nos quería vender los repuestos porque como había un alza del dólar en el mercado paralelo no había quien se comprometiera sin saber el costo de reposición. Los técnicos que revisaban la nevera nos pintaban un panorama terrible, hablaban de motores inservibles. Luego descubrimos que solo querían mucho más dinero del necesario. En medio de la crisis todo el mundo estaba afilado», recuerda Carlos Meleán.
«Liquidamos al personal. Entonces vinieron las protestas en febrero de 2014, las guarimbas[17]. Por el cierre de calles era muy complicado llegar al local y llevar a mi hijo al colegio. Hablamos con una corredora de bienes raíces y pusimos el establecimiento en venta, con equipos incluidos. Nadie se interesaba. Nadie venía. Cuando las cosas se calmaron aparecían posibles compradores pero trataban de aprovecharse ofreciendo muy poco, la economía estaba muy deteriorada. Por fin, después de varios meses apareció un emprendedor, que ya tiene dos restaurantes, e hizo negocio con nosotros. La verdad es que no recuperamos ni la veinteava parte del dinero que invertimos. Al menos estamos más tranquilos», dice Carlos Meleán.
La idea de que en Venezuela cada día es más difícil el desarrollo personal, la conflictividad política, la inseguridad y la percepción de que el país camina hacia una crisis más profunda ha hecho que el tema de irse o quedarse esté presente en la mayoría de las conversaciones de quienes tienen alguna posibilidad de marcharse. Por primera vez los sociólogos hablan de «fuga de talento» y profesores universitarios explican que cuando solicitan a sus alumnos que levanten la mano quiénes desean irse, todo el salón lo hace. Aparte de las colas a las puertas de los supermercados también se hacen filas en los consulados donde emiten las visas o en el Ministerio de Relaciones Exteriores para apostillar documentos.