Introducción

En la madrugada del primer día de enero de 1959, cuando el tirano Fulgencio Batista, acompañado por sus colaboradores más cercanos, abandonó Cuba para refugiarse inicialmente en la República Dominicana, cientos de asesinos pertenecientes a los cuerpos armados y policíacos del régimen viajaron a los Estados Unidos, donde recibieron refugio seguro e inmunidad por los crímenes cometidos. También escaparon de la justicia revolucionaria testaferros, delincuentes, y gángsters de toda laya, que habían convertido al país en un inmenso lupanar. El gobierno de los Estados Unidos, que había hecho todo lo posible por ayudar al gobierno de Batista y evitar la llegada al poder de la revolución dirigida por Fidel Castro, organizó de inmediato una campaña en defensa de los criminales de guerra que eran juzgados en Cuba por sus crímenes, y acusó al Gobierno Revolucionario de llevar a cabo un “baño de sangre”, calumnia que fue desenmascarada mediante la Operación Verdad.

Allí se gestó, con el apoyo de las administraciones norteamericanas sucesivas, lo que pudiera hoy denominarse una “república clonada”, similar a la que hubo en Cuba hasta el triunfo de la revolución, república mediatizada con todos sus vicios, que se hicieron más repugnantes con los aportes de los que ya había, en el país al que arribaron. Estos asesinos y delincuentes corruptos desfalcaron parte del erario, esquilmado durante años, y dejaron vacías las arcas del Estado, pero también llevaron consigo las mañas mafiosas que habían aprendido y utilizado cuando servían a los sindicatos del crimen norteamericanos, presentes marcadamente en la Isla prerrevolucionaria.

Los primeros en llegar fueron los batistianos, y poco tiempo después lo harían grandes capitalistas ligados al batistato y a las compañías norteamericanas, dueños de empresas, como la Bacardí; grandes hacendados, como Julio Lobo, Federico Fernández Casas, las familias Fanjul, y los Falla Bonet, Agustín Batista, los Aguilera, Babum, Caíñas Milanés y otros grandes latifundistas y ganaderos, afectados por la Ley de Reforma Agraria y las demás leyes de beneficio popular.

Estos nuevos emigrantes eran anticomunistas probados, defensores a ultranza del sistema capitalista y los intereses del país del Norte, al que llegaron huyendo de un gobierno revolucionario que tenía el propósito de transformar la situación imperante en el país.

Comenzó, en sentido general, a constituirse una emigración muy distinta a las anteriores, hostil a su país de origen, que se convirtiera en instrumento fiel de los planes del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, enemigo de todo cambio que transformara la situación de dependencia económica de Cuba. Para este fin, el gobierno norteamericano instrumentó su política de enfrentamiento a la Revolución Cubana, contemplada en el llamado “Proyecto Cuba”, que consistía en la “formación de una organización de exiliados” que tuviera por misión “encubrir las operaciones de la Agencia” y “la creación de una oposición dentro de Cuba” que parecería dirigida por los exiliados —controlados por la Agencia— y que sería “alimentada… mediante asistencia clandestina externa”. De acuerdo con lo orientado por el presidente Dwight D. Eisenhower en una reunión en la Casa Blanca, el 17 de marzo de 1960, estos planes no debían ser conocidos. Eisenhower advirtió a todos los reunidos que “cada uno debe estar preparado a jurar que no escuchó nada de esto”.1 Como parte de estos planes, se diseñó una política inmigratoria especial para los cubanos, que buscaba subvertir a su nación, dándole visas y entrada libre a los Estados Unidos a todo aquel que desertara o llevase a cabo actos delictivos o de violencia en Cuba. Desde ese momento, toda emigración cubana se convertiría en política, sin lugar alguno en la propaganda yanqui para la emigración económica, a pesar del bloqueo que aún hoy se aplica contra Cuba y los sabotajes que han destruido numerosas fábricas y cosechas. Esta política es la causa de salidas desordenadas de cubanos, como las ocurridas por los puertos de Camarioca y El Mariel. Ante estas salidas masivas, el gobierno norteamericano se ha visto obligado a firmar acuerdos migratorios, que tratan de garantizar un éxodo ordenado de aquellos que deseen emigrar, como los suscritos por Cuba, en 1965, con la administración del presidente Lyndon Baines Johnson y que la propaganda norteamericana bautizó como “Vuelos de la libertad”.

La hipocresía de los Estados Unidos en los temas migratorios se hizo evidente para María de los Ángeles Torres, investigadora cubanoamericana residente en Florida, interesada en averiguar la esencia verdadera del operativo de guerra psicológica conocido como Operación Peter Pan. Ella descubrió que ante la desesperación de padres que llevaban años separados de sus hijos, quienes habían emigrado a los Estados Unidos bajo el cuidado de los organizadores de este operativo criminal y habían sido sacados de Cuba sin acompañantes, en un documento conservado en la biblioteca privada del ex-presidente Johnson expresaba que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Asuntos de Refugiados le había ofrecido al gobierno estadounidense pasajes de avión gratuitos para que los padres residentes en Cuba pudieran reunificarse con sus hijos. La propuesta humanitaria no fue aceptada por Johnson, por lo que la investigadora llegó a la conclusión de que la Operación Peter Pan no tuvo nada de humanitaria y formó parte de la política que en los aspectos migratorios siguen aplicando los Estados Unidos contra Cuba, como lo es la famosa Ley de Ajuste Cubano, que tantas vidas de madres y niños inocentes ha costado, es causa de crímenes y delitos, e incita a la fabricación de historias de falsos disidentes que presentan un historial de “oposición” al gobierno cubano, hechos que son utilizados para engañar al pueblo norteamericano y también ampliamente por la propaganda imperialista.

En la fabricación de disidentes con historias falseadas, el gobierno norteamericano y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llegaron a extremos realmente ridículos, que mermaron su escaso prestigio, en su política de doble rasero en relación con su supuesta defensa de los derechos humanos en el mundo.

Tales fueron los casos del ex-policía de la dictadura de Batista, preso en Cuba por terrorismo, Armando Valladares Pérez,2 quien trató de pasar por inválido y poeta, y que el gobierno republicano de Ronald Reagan designara como embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, y el de otro falso filósofo e intelectual, Ricardo Bofill Pagés, cuya única obra literaria que alegara de su autoría resultó ser el borrador robado de una novela que le prestara para su lectura el escritor José Lorenzo Fuentes, quien denunció el hecho, lo que produjo un gran escándalo.3

La política migratoria diseñada especialmente por el gobierno de los Estados Unidos para Cuba, si bien ha logrado que abandonaran el país numerosos profesionales y técnicos, ha servido también para que la nación cubana se librara de delincuentes, recibidos como héroes por las autoridades de ese país, en perjuicio del propio pueblo norteamericano, que tendrá que enfrentar la acción de nuevos grupos antisociales que han incrementado el auge de delitos de todo tipo en Miami y el Estado de Florida. Como consecuencia de esto, el gobierno norteamericano debe pagar también un precio alto, al verse obligado por los elementos más reaccionarios de la ultraderecha y de sus aliados de la mafia cubanoamericana, a recibir como héroes a terroristas que utilizan la violencia mediante el secuestro de aviones y embarcaciones y que son liberados de inmediato por jueces leoninos que ponen en ridículo la llamada “guerra contra el terrorismo” predicada por la actual administración norteamericana.

La mayoría de los emigrantes de los primeros años de la Revolución Cubana perteneció a las clases ricas, que poseían grandes capitales en el extranjero, acostumbradas al buen vivir lleno de placeres, privilegios, desigualdades y vicios que el nuevo proceso social borró y que desean mantener a toda costa.

Mientras esperaban para volver a disfrutar de ese modo de vida en una Cuba sometida a los Estados Unidos, lo implantaron en Miami, con sus hábitos y costumbres, placeres y vicios, instituciones sociales y religiosas y partidos políticos, donde la desigualdad y la discriminación de negros y mujeres son la norma y donde el deseo y los intereses de los poderosos se obtienen de una forma u otra, al amparo de leyes que favorecen a los ricos o a la violencia de gángsters y terroristas a su servicio, como se hacía en la Cuba de antes.

Mientras, algunos aprendieron que podían vivir del negocio de la contrarrevolución, al ponerse al servicio de la CIA, que desde su unidad operativa instalada en Miami, bautizada como JM/WAVE, funcionó con una plantilla de más de cuatrocientos oficiales hasta 1967. Con esta firmaron contratos jugosos, con vistas a realizar los trabajos más sucios contra su país de origen, a cambio de su traición abyecta. Varios de los dirigentes de los grupos de la CIA organizados en el exilio recibieron ciento treinta y un mil dólares mensuales por concepto de sus salarios. Otros se integraron a la contrarrevolución, ofrecieron su participación a la CIA en sus planes magnicidas, formaron parte de la invasión derrotada en Playa Girón, y fueron seleccionados particularmente para integrar la llamada Operación 40, a cargo del exterminio de los revolucionarios, una vez alcanzado el “triunfo” mercenario.

Instalados Florida,4 aprendieron que podían vivir del negocio de la contrarrevolución, por el que obtenían mucho dinero, a pesar de que sabían que no tenía futuro.

Pronto la extorsión y el chantaje irrumpieron con fuerza en el medio emigrado cubano, para procurar fondos que supuestamente serían utilizados para derrocar a la Revolución Cubana, pero que con frecuencia se quedaron en las alforjas de los recolectores y fueron invertidos en negocios particulares etiquetados como legítimos. Fue un negocio próspero que abarcó el juego ilícito, la droga y la prostitución para redondear este ambiente delictivo.

Los controles de las zonas de influencia, las disputas por el reparto de los mercados y el predominio de viejos y nuevos matones trajeron consigo vendetas, ajustes de cuentas, guerras entre bandas, y el asesinato por contrato y por motivos políticos. La década de los años setenta estuvo caracterizada por el reacomodo de la mafia criolla asentada en Florida, de fuerte matiz batistiano, que se conectó con fuerza con sus similares en los Estados Unidos y en otros países, e impuso las leyes de las armas y los explosivos.

Las organizaciones contrarrevolucionarias asimilaron los estilos gangsteriles del medio mafioso para alcanzar sus propósitos y hacer prevalecer su voluntad por medio del terror. Algunos que “traicionaron” la fe de la contrarrevolución recibieron castigos severos, unos murieron víctimas de atentados, otros corrieron una suerte mejor, aunque con secuelas.

Varios emigrados cubanos que denunciaron el terrorismo de los contrarrevolucionarios y buscaron fórmulas de entendimiento con Cuba fueron víctimas de asesinatos crueles, expresión de la impotencia de esos sectores ante el desarrollo inevitable de corrientes de diálogo que se originaron y fluyeron rápidamente hasta materializarse en conversaciones fecundas, a finales de 1978, en La Habana, entre representativos de la emigración y las máximas autoridades del gobierno cubano, que marcaron un hito y punto de ruptura entre la intolerancia contrarrevolucionaria y el acercamiento progresivo entre los cubanos de ambos lados, y que rompió el mito de la homogeneidad de la emigración como enemiga de la Revolución Cubana.

La investigación que aquí se presenta abre una ventana al conocimiento del proceder criminal de los que tratan, por medio del terror, de controlar Miami y el Estado de Florida y contribuye a mostrar, descarnadamente, el estilo mafioso de las organizaciones contrarrevolucionarias y cómo dentro de ese medio hubo más de cincuenta casos de asesinatos, dirigidos a eliminar enemigos, saldar viejas cuentas e intentar, por medio del crimen, frenar la evolución del pensamiento y las posiciones tolerantes de la mayoría de los emigrados de origen cubano. También se describe el perfil de políticos corruptos, sus interioridades y cómo algunos han llegado a ocupar cargos públicos y a forjar riquezas, mediante la extorsión y la alianza con sectores mafiosos y cavernícolas norteamericanos, como era práctica común en la Cuba de antes, y como, en colusión con ellos, participan en crímenes contra el pueblo norteamericano y sus instituciones, que han originado escándalos sonados como los de Watergate, Irán-contras y otros.

Se describe, someramente, el llamado enclave de los emigrados cubanos, el cubil donde se anidan los mafiosos que tratan, por la fuerza, de someter a una mayoría que aboga por las relaciones estables entre los cubanos de ambos lados del Estrecho de Florida, en el cual los ricos que han amasado fortunas inmensas, producto del robo, el sudor y la sangre de los pobres, explotan a la gran mayoría de los emigrados en los Estados Unidos y donde superviven el vicio, la politiquería, la discriminación racial y la extorsión.

Se describe, asimismo, los hechos más sórdidos y repugnantes, concebidos solo entre sujetos cuya sed de venganza llega a reclamar libertad y licencia para asesinar en una Cuba postrevolucionaria añorada por ellos. También se muestra en todas sus formas el mundo oscuro y tenebroso de la mafia contrarrevolucionaria cubana en Florida, empeño que es el centro de este esfuerzo, como testimonio para las generaciones presentes y futuras.