Las situaciones administrativas se caracterizan por el mantenimiento de la relación del funcionario con la Administración, y por ello, la posibilidad de reingresar al servicio activo siempre que se cumplan los requisitos fijados por la norma.

Así, esta figura es la que enlaza la relación de la condición de funcionario con la relación de servicio y la relación orgánica. La primera, representa el vínculo que une al funcionario con la Administración desde el momento del ingreso, plasmado en el nombramiento, y que se mantiene hasta que se produzca, por alguna de las causas legalmente previstas, la extinción de dicha relación. La relación orgánica se plasma en el vínculo que une al funcionario con el puesto de trabajo que ocupa. Para que exista relación orgánica, resulta imprescindible que previamente exista la relación de sevicio, es decir, que el titular del órgano tenga la condición de funcionario.

La regulación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público1, en materia de situaciones administrativas comienza con la delimitación de las que tienen el carácter o condiciones de situaciones comunes.

En concreto y según el art. 85, tienen tal consideración las siguientes:

a) Servicio activo;

b) Servicios especiales;

c) Servicio en otras Administraciones Públicas;

d) Excedencia;

e) Suspensión de funciones.

El TREBEP, en su apartado segundo establece que las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen.

Por lo tanto, el texto normativo, habilita una ampliación de las situaciones administrativas, pero condicionadas a que se den determinados supuestos2.

Es posible que se regulen por las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del TRLEBEP normas referidas a esa excedencia voluntaria, como así ha ocurrido, por ejemplo, en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, en cuyo art. 129 recoge la excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público.

Situación administrativa de servicio activo

El servicio activo se encuentra regulado en el art. 86 del TREBEP, que entiende que: “Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación.”

De esta definición podemos referir que:

• • Son las leyes que se dicten en desarrollo del TRLEBEP las que deben determinar qué empleados están en situación de servicio activo.
• • La condición objetiva para ello es prestar servicios en condición de funcionarios de carrera3en cualquier Administración u organismo público o entidad en la que se encuentren destinados.
• • La situación de servicio activo se delimita por razones negativas, esto es, siempre que no sea aplicable cualquiera otra de las que inmediatamente se indicaran.

El régimen de los derechos y deberes que conlleva esa situación administrativa está previsto en el art. 86.2 TRLEBEP cuando señala:

Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios.

Situación administrativa de servicios especiales

La situación de servicios especiales, como su nombre indica, es una situación fuera de la normalidad, que se caracteriza por su especialidad.

Esta especialidad se refleja en que el docente pasa a desempeñar un puesto de trabajo en alguna alta institución del Estado o de ámbito internacional que se considera, por un lado, como de interés para la propia Administración Pública y para el funcionario, y, por otro, que trata de hacer efectivo el derecho de los funcionarios a ocupar puestos o cargos públicos sin menoscabo en su situación de origen.

Las causas que justifican el pase o la declaración de servicios especiales para los funcionarios de carrera. Las causas son las siguientes4:

• • Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las Organizaciones Internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.
• • Cuando sean autorizados para realizar una misión por período determinado superior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
• • Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.
• • Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el art. 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
• • Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes Cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.
• • Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las Ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
• • Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas.
• • Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los Órganos Estatutarios de las Comunidades Autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
• • Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo.
• • Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.
• • Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
• • Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.
• • Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones Comunitarias Europeas, o al de Entidades y Organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido, las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos Alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, Presidentes de Diputaciones o de Cabildos o Consejos Insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido Directores Generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública.

La situación de servicios especiales está fundamentalmente prevista para personal funcionarial, estatutario o personal laboral dependiente de las Administraciones Pública y para el desempeño de funciones relacionadas con instituciones públicas5.

Los años transcurridos desempeñando dicho puesto en situación administrativa de servicios especiales se le computaron en su carrera funcionarial como de servicios efectivos a los efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos6.

Situación administrativa de servicio en Comunidades Autónomas

En esta situación se intenta dar cobertura a la situación de los funcionarios que voluntariamente (mediante la participación en sistemas de provisión de puestos de las respectivas Comunidades Autónomas) o forzosamente (mediante la transferencia de personal) pasan de una Administración a otra7.

El texto normativo establece que los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas8.

Por lo tanto, hay un doble supuesto habilitante, esto es, que haya una participación en un proceso de provisión de puestos de trabajo, caracterizado por ser voluntario. y una transferencia obligatoria por la transmisión de bienes y servicios entre el Estado y las Comunidades Autónomas9.

La duración de la situación de servicio en Comunidades: Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como personal propio de ésta. Esto significa que la situación de servicios en Comunidades se mantiene hasta que se retorne a su Administración de origen o bien se integre en la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta integración está condicionada a que lo admita la propia Ley de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la Función Pública de la Comunidad Autónoma en la que se integran. Las Comunidades Autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarán el Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocido. Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.

Los funcionarios transferidos tienen que ser integrados en la correspondiente Administración Pública y debe hacerse tal integración con respeto de las características idénticas esenciales, y los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocidos.

Su régimen jurídico es el de la Comunidad Autónoma en la que presta, efectivamente, servicios, aunque mantiene una serie de derechos en la Administración de origen: derecho al reingreso, acumulación de trienios, etc.10.

Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los Convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa. En defecto de tales Convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la Administración Pública en la que se produzca el reingreso11.

Excedencias

La situación de excedencia es, por principio, la opuesta a la de servicio activo en tanto significa la suspensión de la relación orgánica y de servicio.

En la situación de excedencia, se encuentran supuestos dependientes de la voluntad del funcionario y otros supuestos en los que tal voluntad no existe y es la propia Administración la que toma la decisión, en su capacidad autoorganizativa12.

La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:

a) Excedencia voluntaria por interés particular.

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

c) Excedencia por cuidado de familiares.

d) Excedencia por razón de violencia de género.

e) Excedencia por violencia terrorista.

Excedencia voluntaria por interés particular

Esta situación se produce por la petición del docente.

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social que les corresponda. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un período mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.

No obstante, las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una duración menor del período de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los períodos mínimos de permanencia en la misma sea de aplicación.

Este tipo de excedencia supone una suspensión de la relación funcionarial que el empleado público puede solicitar sin necesidad de alegar motivación alguna, sólo su abstracto e inconcreto interés particular, que cede, como no puede ser de otra manera, ante las necesidades del servicio debidamente motivadas o, lo que es lo mismo, reales13. Las excedencias suponen la cesación temporal de la prestación de servicios del funcionario público en la situación de servicio activo, pero que no conllevan la extinción definitiva de la relación de servicios14.

Ya no se mencionan en la nueva regulación las antiguas situaciones de excedencia forzosa, excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público y la excedencia voluntaria incentivada previstas el art. 29 de la LMRFP/1984. Por aplicación de la Disposición Final Cuarta del TREBEP las situaciones administrativas de expectativa de destino, excedencia forzosa, excedencia voluntaria por prestación de servicios del sector público y excedencia voluntaria incentivada permanecen vigentes, dado que no contradicen lo dispuesto en el TREBEP.

La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario.

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente.

Excedencia voluntaria por agrupación familiar

Se encuentra regulada en el art. 89.3 del TREBEP: “3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el período establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades de Derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y Órganos similares de las Comunidades Autónomas, así como en la Unión Europea o en Organizaciones Internacionales.

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.”

De este modo, los requisitos que exige el EBEP para conceder este tipo de excedencia es que quien lo solicite sea un funcionario de carrera y que se dé la causa que justifica su concesión, esto es, que el cónyuge del funcionario solicitante resida en otro municipio por haber obtenido y desempeñar un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de los entes En cuanto a la posibilidad de prestar servicios en empresas privadas, de conformidad con la normativa expuesta, nada obstaría para que el funcionario pudiera realizar una actividad privada durante la excedencia por agrupación familiar.

Distinta cuestión seria si el interesado pretende prestar servicios en la Administración Pública como funcionario de carrera, en cuyo caso, pasaría, respecto al puesto anterior, a la situación de servicios en otras Administraciones Públicas o a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, conforme a lo establecido a la normativa vigente.

Si por el contrario el puesto al que accede es de carácter temporal, ya sea como funcionario interino o como personal laboral temporal, en principio, se entiende que podría tratarse de un fraude de ley, en tanto se estaría persiguiendo una finalidad distinta a la estipulada en la norma eludiendo así las previsiones del art. 15 del Reglamento de Situaciones Administrativas aprobado por el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, que exigen la condición de funcionario de carrera o bien de laboral fijo para el pase a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. y organismos públicos a que se refiere el art. 89.3 del EBEP.

Excedencia por cuidado de familiares

Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

Por lo tanto, dos son los requisitos para la concesión de esta excedencia.

1. 1. Cuidado de un menor que acaba de nacer o que acaba de ser adoptado.
2. 2. Cuando un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, es decir, pueden ser los padres, hijos, abuelos, cónyuges, nietos o hermanos, el cual esté a cargo el funcionario, acreditado normalmente con un informe de servicios sociales, y que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.