Jesús G. amago

SIN BARRERAS,

SIN ARMARIOS

DIVERSIDADES SEXUALES,

DIVERSIDADES HUMANAS


© Autor: Jesús G. Amago

© Título original: Sin barreras, sin armarios

Edita © LoQueNoExiste www.loquenoexiste.es

Promoción, Relaciones Públicas y Marketing Digital: Medialuna

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© Diseño de portada: LoQueNoExiste

© Maquetación y diseño de interior: Silvia Ruiz

© Prólogo: Jesús Celada

ISBN: 978-84-948603-2-4

Depósito legal: M-20770-2018

Impreso en Navarra, junio de 2018

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Prólogo

auténtico, ca

Consecuente consigo mismo, que se muestra tal y como es.

Cuando Jesús me brindó la oportunidad de prologar este ensayo en el que tantas horas y tanto cariño ha volcado, me sentí tan halagado como comprometido. Halagado por el premio; uno nunca cree tener el suficiente nivel para tal reconocimiento. Comprometido por la responsabilidad; es mi labor introducir a los lectores en la compleja dualidad de la diversidad sexual y la discapacidad.

Mi experiencia profesional en el ámbito de la discapacidad me ha regalado emociones, y personas que nunca imaginé sentir ni conocer. Muchas de ellas han luchado y luchan de manera ejemplar por la Accesibilidad Universal, como medio para alcanzar el fin último, la inclusión en una sociedad SIN BARRERAS. Pero algunas de ellas encuentran una barrera más en el camino, una barrera en forma de armario.

Vivimos una época en la que lo auténtico forma parte del éxito. Lo auténtico es gritar, es reír, es soñar, es disfrutar, es llorar, es amar, es vivir, es compartir, es respetar, es tolerar y es emocionar. Lo auténtico es mostrarse a sí mismo y no tener miedo a reconocer una realidad sexual SIN ARMARIOS.

Jesús ha conseguido algo sumamente complejo: compilar una obra coral con la voz de protagonistas de ambas realidades: discapacidad y diversidad sexual. La opinión de doce expertos, el sentir de dos entidades sociales y los generosos y valientes testimonios de Antonio, África, José Luis, Enrique, Arturo, Alba, Nagore y Luis Carlos, convierten este ensayo en un « must have» para todo el que quiera conocer las preocupaciones, las dudas, las situaciones y las realidades de las personas que sienten la discriminación, cuanto menos, por duplicado.

Nos habla de la familia, de los estigmas, de la terminología y de la imagen social que conjugan diversidad sexual y discapacidad. Todo ello desde la mirada de un luchador experto en eliminar barreras y evitar armarios, concienciado de que es nuestro tiempo, tiempo que no podemos desaprovechar, pues como decía el gran poeta Jaime Gil de Biedma: «Que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante».

Jesús Celada


10 años después...

Vivimos en la sociedad más conectada, comunicada e informada de todos los tiempos. Todo es impacto, nada pasa desapercibido. O mejor deberíamos decir que nada que se quiera obviar pasa de puntillas. A veces, hasta lo más insulso e indeseable se convierte en trending topic. Ahora bien, ¿qué es objeto de considerarse noticia, impacto u objeto de difusión, y quién decide su grado de interés para la sociedad? Aquello que la comunidad decida, con sus «clics», convertir en tendencia; desde la más absurda imagen de un gatito con sombrero de cumpleaños, hasta la cruda y salvaje realidad del brutal asesinato de un periodista a manos de radicales. Pero es curioso que, entre ese gran abanico de acciones, personas y situaciones que se convierten en altavoz de insignificancias y de verdaderas informaciones, hay ciertos colectivos a los que les cuesta romper la barrera de la invisibilidad.

Las dificultades que el colectivo de personas LGTB y con discapacidad encuentran en su entorno apenas se diferencian de las que afrontan personas sin discapacidad, sumando además nuevos obstáculos a causa de su diversidad funcional. Cuando un gran porcentaje de la sociedad todavía tiene problemas a la hora de reconocer la sexualidad de las personas con discapacidad, es casi inimaginable que, además, estas puedan reconocerse o realizarse como gais, lesbianas, transexuales o bisexuales.

Si a esto añadimos que las personas LGTB con discapacidad frecuentemente tienen problemas para identificarse con su grupo de pertenencia, la situación se complica. Este colectivo nada entre dos aguas: en el movimiento LGTB las reclamaciones de la identidad sexual y el derecho a amar se superponen a otra realidad que sume diferencias; aún vivimos en una comunidad que excluye cualquier situación o estereotipo que se distancie de la visión heterocentrista de la sociedad. En el grupo humano de la discapacidad ser gay, lesbiana, transexual o bisexual es un tabú que resta, no suma.

La revelación a la sociedad de una orientación distinta a la heterosexual es para cada persona un momento muy difícil, contrariado y en la mayoría de las veces chocante, tenga o no una discapacidad.

Aunque nuestra sociedad esté avanzando hacia la tolerancia, estamos viviendo unos años de lacerante exclusión y persecución de la diversidad sexual. En lugar de evolucionar hacia un mundo sin barreras para las relaciones, las nuevas generaciones vuelven a golpear la libertad del deseo y de amar con una ignominiosa persecución. Y, cada vez más, la adolescencia —ese momento en el que es tan necesario un sentimiento de pertenencia, de inmersión en la concienciación de lo que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir—, se convierte en una etapa difícil para ahondar en la propia sexualidad. Los adolescentes con discapacidad —cuyo medio social con frecuencia subestima o ignora ese aspecto de su persona, además deberán enfrentarse a esta tarea durante la pubertad. Por ello, a menudo no son conscientes de su propia sexualidad, o no la admiten. O no les dejan admitirla, encontrando en la familia —ya hemos reseñado el entorno—, una barrera insalvable y excluyente.

La vida de la escena LGTB se concentra en las grandes ciudades. En bares, discotecas u otros locales como clubes o centros de masajes, hombres y mujeres tienen la oportunidad de encontrarse con personas con su misma manera de pensar y sobre todo de hacer nuevos contactos. Con mucha frecuencia esos lugares no son «sin barreras», esto es, aptos para el libre desplazamiento de las personas con discapacidad. Así, por ejemplo, las personas en silla de ruedas tienen aún menos oportunidades de integrarse en nuestro ámbito, porque, por ejemplo, ¿alguien me puede decir un local de ambiente LGTB, de Chueca o Lavapiés, que no tenga barreras arquitectónicas y que permita entrar, conocer, ligar… ¡y lo que surja!, en igualdad de oportunidades entre una persona en silla de ruedas gay o lesbiana y otra persona de su misma orientación sexual?

Tampoco podemos olvidar la nueva forma de relacionarse que representan las redes sociales. Determinados colectivos se enfrentan a una exclusión total de estos entornos de contacto, ligoteo o sexo, por el mero hecho de no contar estas plataformas con las funcionalidades básicas que permitan una accesibilidad total para personas con discapacidades sensoriales. ¿Alguien puede explicarme cómo una persona ciega puede navegar por aplicaciones tipo Tinder o Grindr si estas no son accesibles en sus webs o aplicaciones para móvil? Hasta en la sociedad del conocimiento, los colectivos más desfavorecidos siguen estando excluidos.

En estas páginas he querido rescatar cómo el paso del tiempo, a veces, no cura las heridas, no restaña las fisuras. Vamos a leer, a ver, a conocer historias reales de hombres y mujeres que cabalgan a lomos de la doble exclusión… ¡Y la triple exclusión en el caso de las mujeres! La suma que discrimina, la resta que disfunciona, que discapacita más la realidad de dos colectivos que, llevados a entenderse, aún navegan por aguas paralelas que a veces confluyen en pequeños meandros. Cómo, en esta última década, estos colectivos han conseguido importantes avances en sus ámbitos de incidencia y actuación, pero en contadas ocasiones trabajan juntos para incluir, incorporar, agregar y posibilitar una igualdad plena, real y beneficiosa para ambos.

No podía aceptarme como única voz que exprese la situación actual de la doble y triple exclusión de un importante colectivo de personas de esta sociedad, con la autoridad suficiente como para dar por sentado que lo que vas a leer, a conocer, a descubrir, es palabra de fe. No. Un ensayo no deja de ser como dijo Julio C. Palencia: «Los cuatro puntos cardinales son cinco: yo».

He pedido a importantes expertos, profesionales, activistas, terapeutas, sexólogos y psicólogos su opinión sobre este tema, para que nos aportaran su visión más objetiva, su practicidad sobre los casos y las situaciones que en cada capítulo se abordan. Gracias, gracias, gracias a todas y todos. Os los presento:

Luis Cayo Pérez Bueno. Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Trabaja en el sector social de la discapacidad desde 1995, y es editor de cermi.es semanal, el periódico de la discapacidad, director de la colección de libros cermi. es, Abyectos, Empero, Telefónica Accesible, Convención ONU y Diversidad e Inclusión. Vicepresidente del Consejo Nacional de la Discapacidad, vocal del Real Patronato sobre Discapacidad y del Consejo Estatal de ONGs de Acción Social, presidente de la Fundación CERMI Mujeres, de la Fundación Derecho y Discapacidad y de la Fundación Bequal, vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector, patrono de la Fundación ONCE y de la Fundación Vodafone España. Escritor, traductor y poeta, ha publicado diversas obras, estudios y traducciones tanto de creación literaria como sobre la realidad social y el movimiento de la discapacidad.

Carlos de la Cruz. Doctor en Psicología y Sexólogo. Director del Máster en Sexología de la UCJC. Vicepresidente de la Asociación «Sexualidad y Discapacidad» y responsable de las Áreas de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Leganés.

Cinta Escalera. Psicóloga y sexóloga especialista en el ámbito de la discapacidad intelectual. Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. Master de Sexología y Psicoterapia Integradora del Instituto Espill (Valencia). Psicóloga del IVASS (Instituto Valenciano de Acción Social y Sanitaria; Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana). Miembro de la Asociación Española de Especialistas en Sexología. Colaboradora del Instituto Espill de Psicología y Sexología de Valencia. Colaboradora de Salusex. Universidad Jaume I. Desde 1990, formadora y asesora sobre salud y educación afectivo-sexual de las personas con discapacidad intelectual. Autora de diversos artículos, comunicaciones y ponencias en congresos sobre sexualidad y discapacidad intelectual.

Esther Sánchez. Experta en Sexualidad y Discapacidad. Grado Superior de Enfermería; Licenciada en Humanidades; Sexóloga; Máster en Sexualidad Humana; Máster en Gestión y Dirección de Centros y Personal sanitario; Máster en Liderazgo de equipos en enfermería; Especialista en actuaciones Sociosanitarias ante el maltrato; Especialista en violencia de género; Acreditada por la Agencia de Calidad Universitaria de Catalunya (AQU). Es directora de ASAD, S.L. Serveis Sanitaris, empresa dedicada a la prestación de servicios sociosanitarios a la dependencia y especializada en la asistencia personal a personas con discapacidad. Presidenta de la Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad (ANSSYD), una asociación sin ánimo de lucro que lucha por los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Dirige el Servicio Educativo y la Asesoría de sexualidad de ANSSYD y es profesora colaboradora en diferentes universidades impartiendo seminarios sobre sexualidad humana y sexualidad y discapacidad.

También he querido consultar con la entidad más importante del movimiento LGTB en España, la FELGTB, las diferentes cuestiones que en este ensayo se abordan sobre diversidad sexual y discapacidad. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales es, ante todo, un espacio de coordinación e intercambio para el movimiento asociativo LGTB. Es un proyecto común de más de 50 asociaciones de todo tipo, de ciudades grandes y pequeñas, de casi todas las comunidades autónomas, de estudiantes, de jóvenes, de deportistas, de transexuales, de personas con discapacidad, mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, personas que viven con VIH, creyentes LGTB, migrantes... Tres son los ejes vertebradores de la FELGTB hasta ahora: la reivindicación de la igualdad legal y el respeto social hacia la diversidad afectivo-sexual, la sensibilización y denuncia, en la que se engloba la celebración anual Orgullo Estatal LGTB, y la formación de las y los activistas de sus asociaciones miembros.

Gaspar P. Tomás Díaz. Sexólogo y Fisioterapeuta de APCA (Asociación de Parálisis Cerebral de Alicante) Diplomado en Fisioterapia. Máster en Sexología. Realiza formación en Educación Sexual y consultas de asesoramiento a equipos profesionales, familias y personas con distintos tipos de discapacidad que muestran necesidades específicas en el ámbito de la sexualidad. Tiene formación avanzada en Basale Stimulation® y Kinaesthetics.

Gemma Deulofeu. Licenciada en Psicología por la UAB de Barcelona. Máster en Sexualidad y Terapia de pareja y familia. Postgrado en Trabajo Corporal Integrador, Máster en Psicología Humanista Integradora. Máster en discapacidad intelectual, salud mental y trastornos de la conducta. Formación especializada en atención a personas con discapacidad intelectual y delitos sexuales por la Universidad de Kent. Trabaja en la DINCAT, federación que vela por la defensa de los derechos, la dignidad y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en Catalunya, en las áreas de formación y asesoramiento. También colabora en INARDI, centro orientado al diagnóstico y tratamiento de las personas que padecen enfermedades mentales que repercuten sobre su conducta o su aprendizaje. Somos un grupo de profesionales con una amplia experiencia en el campo de la psiquiatría, la psicología, la neuropsicología y la sexología en las áreas de terapia sexual y de pareja.

José Luis García. Doctor en Psicología y sexólogo. Ha trabajado como psicólogo clínico y especialista en Sexología en el Servicio de Salud del Gobierno de Navarra cerca de 36 años. Es un referente nacional muy destacado en educación sexual y particularmente en el ámbito de las personas con discapacidad. Ha recorrido España e Iberoamérica durante 40 años invitado por asociaciones, entidades y organismos públicos y privados para formar a padres-madres y profesionales. Ha publicado numerosos artículos, libros y materiales educativos, por los que ha obtenido ocho premios nacionales. Uno de estos libros, que está destinado a este colectivo, le ha merecido un gran reconocimiento.

Moisés Oliva. Director Gerente del Gabinete de Trabajo Social Moisés Oliva. Trabajador social en Plena Inclusión Canarias. Responsable del Programa de Envejecimiento y Exclusión Social para personas con discapacidad intelectual, desarrollado a nivel autonómico, y de tareas de coordinación, formación, sensibilización, asesoramiento, implementación de acciones, etc., en todas aquellas entidades federadas o colaboradoras con Plena inclusión Canarias. Coautor de Sexualidades diversas. Manual para atención de la diversidad sexual en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Pablo A. Cantero Garlito. Terapeuta Ocupacional/Sexólogo. Profesor en la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería y Vicepresidente de Fundación Triángulo Extremadura. Muy recomendado su blog ocupandolosmargenes.org

Paula Peña. Psicóloga y sexóloga, con formación en psicología perinatal, abuso sexual y género. Cofundadora de En Positivo Formación y Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Intervención Sexológica (SEIS). Paula ha participado en jornadas y congresos y colabora como docente en diferentes ayuntamientos y asociaciones de mujeres. En la actualidad se encarga del Servicio de Asesoramiento Sexológico y del área de Diversidad Sexual en Plena inclusión CV, movimiento de asociaciones de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familiares.

Rocío Pérez Gómez. Trabajadora Social por la Universidad Pontificia de Comillas, Mediadora Social por la Escuela Oficial de Madrid, Máster de Género a falta de Tesis. Presidenta de la Comisión de diversidad afectivo sexual, identidad de género y discapacidad de CERMI Estatal. Presidenta y Cofundadora de la Asociación Onubense de Mujeres con Discapacidad. Presidenta y cofundadora de la Federación Andaluza de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad, FAMDISA. Presidenta de la Federación de Personas con Discapacidad de Huelva, Cocemfe Huelva. Secretaria de Organización de la Confederación de Personas con Discapacidad de Andalucía, Cocemfe Andalucía; consejera delegada por Andalucía en el Consejo de Administración de Cocemfe Estatal; integrante del Comité Científico del Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres; interviniente en calidad de experta en el Parlamento de Andalucía para la elaboración de diferentes leyes como la Ley de Igualdad Real, de la Ley contra la Violencia de Género en Andalucía, la Ley de Transexualidad de Andalucía, etc.

Tándem Team Barcelona es una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es impulsar, colaborar y promover proyectos en pro de la defensa de la diferencia y la diversidad en cualquiera de los dominios de expresión humana (social, cultural, sexual, laboral o económica) con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional. Su misión es acompañar a la persona que lo solicite (y/o a las personas de su entorno) en su proceso único, individual e irrepetible de adaptación y normalización de su nueva situación de diversidad funcional, promoviendo un servicio de acompañamiento ad hoc para compartir experiencias y aprender mutuamente. 

Por último, y a raíz de conocernos cuando me invitó a formar parte de un grupo de discusión sobre el estudio encargado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades titulado «Borrador de la Estrategia LGTBI Estatal», pedí colaboración a Kerman Calvo BorobiaDoctor en Sociología por la Universidad de Essex (Reino Unido) y Doctor Miembro del Instituto Juan March, que se incorporó al Departamento de Sociología y Comunicación en 2010. Anteriormente trabajó como investigador y profesor en las Universidades de Essex («Centro de Derechos Humanos»), UOC, Carlos III y Pompeu Fabra, así como en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ha publicado sobre temas relacionados con los movimientos sociales (‘Sexualidades’, ‘Sociedad y Política del Sur de Europa’, ‘Revisión de Estudios Políticos’, etc.), votación (‘Revista Internacional de Sociología’, etc.) e igualdad (‘Spanish Journal of Sociological Investigación ‘, etc.). Es miembro del Grupo de Investigación de excelencia ‘Grupo de Análisis Sociológico’, liderado por Modesto Escobar (Universidad de Salamanca). En la actualdad es Profesor Contratado Doctor y Secretario Académico en el Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca.

Las leyes se redactan, pero, ¿se cumplen?

La realidad social de la discapacidad en nuestro país es bien elocuente: casi 4 millones de personas con discapacidad —el 9 por ciento de la población—, y 10 millones contando a sus familias, lo que significa que uno de cada cuatro españoles tiene relación directa con la discapacidad.

En 1982 vimos aprobada en nuestro país, con gran esperanza, la Ley 13/1982, de Integración Social de Minusválidos (LISMI), que contemplaba de forma integral y moderna toda una serie de previsiones y medidas para superar la discriminación de las personas con discapacidad en la vida social: prevención, diagnóstico precoz, prestaciones sociales y económicas, rehabilitación profesional, educación, integración laboral, servicios sociales y movilidad, y barreras arquitectónicas. El desarrollo de esta ley ha sido especialmente prolífico en materia de integración laboral y servicios sociales; sin embargo, queda mucho camino por recorrer en materia de movilidad y eliminación de barreras, así como en el acceso a otros muchos bienes y servicios. Si bien el empleo y los servicios sociales son piezas claves de la inclusión de las personas en una sociedad igualitaria, esta ley aún no ahondaba en otros aspectos de especial relevancia para los colectivos en riesgo de exclusión, y mucho menos en los temas relacionados con la sexualidad.

Tras más de 20 años de vigencia de la LISMI, las entidades y grupos de interés más influyentes e importantes del movimiento social de la discapacidad estiman que es necesaria una nueva respuesta política a los cambios sociales e institucionales y en la misma concepción del tratamiento del fenómeno de la discapacidad, que complemente el actual marco jurídico. Es entonces cuando se diseña la LIONDAU (Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal), aprobada el 2 de diciembre de 2003. Su objetivo, que va más allá de un pleno reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, es el de castigar y sancionar a las personas y organismos que discriminen a las personas con discapacidad. Su fin primordial es establecer medidas para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que está recogido en la Constitución Española de 1978, concretamente en sus Artículos 9.2, 10, 14 y 49. La norma unifica las condiciones requeridas por las diferentes Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos y establece unas condiciones básicas para garantizar la autonomía personal. Se trata de un trabajo titánico en el que se implica el seno del Consejo Nacional de la Discapacidad, entre los Ministerios implicados y la gran labor del CERMI (Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad).

Esta normativa se basa en tres puntos de actuación: no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. Para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, la LIONDAU cuenta con una herramienta para realizar reclamaciones o quejas a la Administración cuando se considere que han sido vulnerados los derechos de las personas con discapacidad.

En cascada, como un efecto dominó de gran impacto, esta Ley va generando leyes posteriores que siguen incidiendo en derechos robados al colectivo de las personas con discapacidad para encontrar la igualdad plena frente al resto de la sociedad; si queremos una sociedad igual para tod@s, las Administraciones Públicas deben ser las primeras en eliminar barreras que dificulten el uso y disfrute de aquello que todos pagamos. Así podemos destacar el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determinan los requisitos para la consideración de persona con discapacidad; o el Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. En el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. En mayo de 2007 se publica el Real Decreto 505/2007, por el que se aprueban lascondiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Y, en esta sociedad hiperconectada, infoxicada y digital en la que vivimos, era fundamental regular el acceso a la tecnología con el fin de eliminar barreras digitales. Así, el 8 de noviembre de 2007, el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.

Era prioritario, pues, contar con una nueva Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y de Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad para afrontar esas realidades, que no debía derogar a la LISMI, sino complementarla, y venir impulsada por una gran ambición política. La LISMI se estableció en un tiempo muy adverso, difícil económicamente e inestable políticamente, pero respondió a una ambición colectiva. Hoy, cuando la situación de España es otra (fue otra, mejor dicho, en sentido favorable con la aplicación de otras leyes como la Ley de la Dependencia, hoy en día en stand by), no podíamos dejar de estar a la altura del esfuerzo que supuso la LISMI en su época. La LIONDAU —como ocurrió con la LISMI—, vino marcada por el sello del consenso, y fue producto del acuerdo de todas las fuerzas políticas y del sector de la discapacidad.

Si las leyes nacionales han avanzado notablemente en la regulación de la igualdad para tod@s, Europa no se podía quedar atrás. Si en España barajamos la cifra de 4 millones de personas —10 millones si contamos a sus familias—, en riesgo de exclusión social por tener una discapacidad, en Europa se estima que hay 50 millones de personas con discapacidad. Ante esta potente realidad, la Unión Europea aplicó diversas Directivas para la no discriminación, como la 2000/78/CE30, sobre igualdad de trato en el empleo y la ocupación en diversos ámbitos, entre ellos el de la discapacidad. Existen, además, otras dos Directivas que desarrollan el artículo 13 del Tratado: la Directiva 2002/73/CE sobre igualdad de hombres y mujeres en el ámbito del empleo, que modifica la del año 1976, y la Directiva 2000/43/CE32, relativa a la igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.

La Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en su artículo 21, prohíbe toda discriminación por razón de discapacidad, entre otros motivos, y, en su artículo 26, reconoce de forma explícita los derechos de las personas con discapacidad y la necesidad de garantizar su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad, abarcando todas las esferas de la vida.

En el año 2003, con el objetivo de la celebración del Año Europeo de las Personas con Discapacidad, la UE lanza un proceso encaminado a la adopción de una Directiva específica sobre la no discriminación general por razón de discapacidad, y que fue corroborado por el Parlamento Europeo y por el Comité Económico y Social Europeo, en su Dictamen de 17 de octubre de 2001 sobre «El Año europeo de las personas con discapacidad – 2003».

Vivimos en una sociedad global en la que las fronteras se desmembran para crear espacios comunes e iguales para tod@s, y en ese marco de equiparación de derechos fundamentales, de supresión de barreras, Naciones Unidas impulsa la adopción de un Convenio Internacional de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad que continúa una senda de trabajo muy importante, cuyo hito más destacable es la Resolución que aprueba las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad del año 1994. Este proceso de mejora en los derechos de las personas con discapacidad alcanza un hito cuando el 13 de diciembre del año 2006 se aprueba la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este nuevo instrumento supone importantes consecuencias para las personas con discapacidad, entre las que destacan la «visibilidad» de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.

«Nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad»

Toda política hacia las personas con discapacidad ha de contar con dichas personas. ¿Quién mejor que ellos para conocer, identificar, denunciar, esclarecer y reclamar sus derechos? ¿O las leyes de la comunidad LGTB fueron creadas sin la fuerza de esta, sin atender a sus reclamaciones, peticiones y exigencias? No es admisible —y así lo han de saber la sociedad y los poderes públicos—, que se adopten decisiones políticas sobre la realidad de la discapacidad, sin que el colectivo participe y sea consultado. Este movimiento social prodiscapacidad ha de ser copartícipe y corresponsable de las decisiones que se adopten sobre los asuntos que le conciernan.

España ha sido pionera en este tipo de experiencias e iniciativas en las que se abre el melón de la consulta, de la participación, de la opinión social para hacer partícipes a las asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades de la discapacidad de las decisiones legislativas que nuestros gobernantes aprueban desde sus posiciones de poder. Ejemplo de ello es el estatal Plan de Acción para las Personas con Discapacidad (1997-2002) y los distintos Planes Autonómicos que se han ido aprobando. En el campo del mundo del trabajo se han firmado ya dos grandes Acuerdos, en 1997 y en 2002, entre el CERMI y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, referentes de otros Acuerdos a nivel autonómico. La «culpa» de esta acción de movilización, de acción diaria y constante, tiene un gran protagonista en el CERMI y los CERMIS Autonómicos. El sector está cada vez más cohesionado, habiéndose convertido estas entidades en sus principales interlocutores.

Ahora bien, ¿qué ocurre si hablamos de sexo? O mejor dicho, sobre sexualidad y derechos de las personas con discapacidad. Reproduzco aquí una de las conclusiones del XIII Congreso Mundial de Sexología que se celebró en Valencia en el año 1997:«La sexualidad humana constituye el origen del vínculo más profundo entre los seres humanos y de su realización efectiva depende el bienestar de las personas, las parejas, la familia y la sociedad. Es por tanto su patrimonio más importante y su respeto debe ser promovido por todos los medios posibles».

Este congreso, bajo el título de «Sexualidad y Derechos Humanos» buscaba establecer un nuevo marco en la definición de «salud sexual» que estableció la OMS en el año 1975 y dotar al concepto de sexualidad humana de otra concepción: la que contempla la sexualidad como una capacidad inherente al ser humano, que se expresa a lo largo del ciclo vital, respetuosa con las variantes sexuales existentes, rechazando cualquier conducta sexual que venga impuesta por la coacción, sea física, legal, moral o psíquica.

Esta Declaración en su punto tres concluía: « … Derecho a la igualdad y la equidad sexual. Se refiere a estar libre de todas las formas de discriminación. Implica respeto a la multiplicidad y diversidad de las formas de expresión de la sexualidad humana, sea cual fuere el sexo, género, edad, etnia, clase social, religión y orientación sexual a la que pertenece».